res personas fueron imputadas ayer en el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal, en la que la fiscal federal subrogante Paula Gallo, en representación de la Unidad Fiscal Salta, presentó un caso de tráfico de droga a través de encomiendas.

Ante la jueza federal de Garantías N° 2 Mariela Giménez, y a dos años exactos de la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy, Gallo solicitó la imputación de una pareja oriunda de Bolivia y un remisero de Buenos Aires por el delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes. Su pedido fue aceptado por la jueza, quien también hizo lugar al planteo de prisión preventiva para los tres acusados, aunque respecto al conductor dispuso que el cumplimiento sea bajo la modalidad de arresto domiciliario.

También se autorizó el plazo de investigación por 60 días, al igual que una serie de pericias pendientes y otras diligencias investigativas requeridas a fin de esclarecer el complejo entramado desplegado, cuyo único objetivo -afirmó la fiscal- apunta a lograr la impunidad.

La defensa pública, que representó a los tres acusados, no objetó la acusación ni la prisión preventiva de la pareja, aunque sí solicitó el sobreseimiento del chofer y, de manera subsidiaria, planteó la libertad de su defendido bajo el compromiso de someterse a proceso de investigación y no salir del país. Sus planteos, sin embargo, no fueron convalidados por la magistrada.

En El Naranjo

Al presentar el caso, la fiscal señaló que las actuaciones se iniciaron el 30 de mayo a partir de una consulta de personal de Gendarmería Nacional, dependiente del puesto fijo El Naranjo, ubicado en la localidad de Rosario de la Frontera, en el sur provincial.

Desde ese puesto se informó que al revisar dos vehículos que transportaban 194 encomiendas observaron indicios respecto a 16 paquetes, por lo que la fiscalía solicitó al juez federal de Garantías 1 Julio Bavio la apertura correspondiente.

La sospecha, según lo explicado, giró en torno a la diferencia que había entre el peso y el tamaño de los paquetes, a lo que se sumó que todos ellos tenían el mismo remitente e iban a un mismo destino en Buenos Aires. En base a ello, al día siguiente el magistrado dictó la orden para abrir dichas encomiendas.

En seis de ellas se encontraron 35 paquetes que contenían un total de 38, 875 kilogramos de cocaína. A partir de este hallazgo se puso en marcha lo que se conoce como “entrega vigilada”, herramienta investigativa establecida en el artículo 193 del Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Obtenida la autorización judicial del caso, desde Gendarmería Nacional se articularon los elementos necesarios para remplazar la droga, reacondicionar los paquetes tal como habían sido confeccionados desde su lugar de origen, para luego seguir adelante con la ruta de traslado.

Así fue como el 4 de junio las encomiendas llegaron a la sucursal de una firma transportista, ubicada en el partido de Morón, en Buenos Aires. Con la colaboración de una división especial de Gendarmería Nacional, y la coordinación de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, desde la Unidad Fiscal Salta, se montó una vigilancia en la empresa a la espera de los destinatarios de los paquetes.

Detenciones

Recién el lunes de esta semana los tres acusados se presentaron en la sucursal a bordo de una Citröen Berlingo, perteneciente a una remisera de Villa Celina. Mientras el conductor esperó en la vereda, la pareja ingresó en busca de los paquetes, circunstancias en que fueron detenidos.

Previamente, y a raíz de las tareas realizadas por personal de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Salta, se pudo establecer que en la sucursal había otros 22 paquetes, también procedentes de Orán y con el mismo remitente.

Asimismo, la propietaria de la sucursal señaló que la pareja detenida eran clientes conocidos, pues en varias ocasiones se presentaron a retirar paquetes, situación que se comprometió aún más cuando se descubrió que la mujer acusada tenía en su poder facturas por un total de 49 encomiendas despachadas de Orán.

De ese número, se estableció que 16 fueron los paquetes detectados en el puesto El Naranjo, mientras que 22 eran las encomiendas que ya habían llegado al local, en tanto que otras 11 habían sido remitidas a otra firma en el partido de Liniers.

Además, y según lo explicado por la fiscal en la audiencia, todos los bultos tenían un mismo remitente, mientras que el destinatario variaba, aunque se pudo establecer que uno de ellos era la pareja de la mujer y otros eran la misma acusada, aunque con distintas identidades.

De los 22 paquetes secuestrados en el local de Morón, en tanto, se secuestraron otros 22 kilos de cocaína, bajo la misma modalidad: oculta entre mercadería de origen extranjero, por lo general indumentaria y ropa de cama, lo que llevó a la fiscal a no descartar una ampliación por el delito de encubrimiento de contrabando.

Además de las encomiendas con droga y las facturas, se secuestraron cuatro teléfonos celulares y 139.400 pesos. También se pudo conocer que la pareja, dada su nacionalidad, tenía un amplio registro de movimientos migratorios hacia Bolivia.

Logística

Al fundamentar sus planteos, la fiscal resaltó el grave daño en abstracto sobre la salud pública que se habría producido por la cantidad de droga incautada, cuyo destino estaba dirigido no sólo a los posibles consumidores, sino a todo el tejido social.

“La gravedad también está dada por la logística desplegada, que evidencia que estamos ante una organización importante. De lo descubierto hasta el momento, surge claramente que no es la primera vez que estas maniobras se llevan a cabo”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.

“Remitir 60 kilos de cocaína mediante encomiendas exige una logística y un entramado muy bien planificado, aunque esto no es lo único que se advierte de este caso. Lo más grave tiene que ver con la sensación de impunidad con la cual esta organización se manejaba, la que no puede pasar desapercibida”, agregó.

En vista de ello, señaló que, por las características que surgen del caso, la pena en expectativa es alta, con una escala que podría rondar los 6 años de mínimo y 20 de máximo, si se tiene en cuenta el agravante. “En estas maniobras se advierte un juego de identidades, aplicado con el único objetivo de evitar quedar al descubierto. En ese tren, la persona que remitía las encomiendas se había asignado también como destinataria, pero con otra identidad”, afirmó.

Agregó que el riesgo de fuga y de entorpecimiento están presentes en el caso, por lo que la prisión preventiva aparece como la medida más acorde a fin de garantizar el curso de la investigación, la cual resaltó apenas comenzó.