El Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta homologó un acuerdo presentado por el fiscal federal Ricardo Toranzos en el marco de la investigación penal formalizada el 25 de enero pasado por el robo de combustible de la estación ferroviaria de General Güemes, a 58 kilómetros de esta ciudad.

Como titular del Área de Casos Complejos de esa jurisdicción, y producto de pesquisas iniciadas el 29 de septiembre de 2020, el fiscal había imputado por el hecho a Eduardo Francisco Avilés; su pareja, Estela Verónica López; el hijo de esta, Rodrigo Cuellar y Justo René Rocha.

En los últimos meses, y en virtud de los lineamientos y criterios promovidos por la Procuración General de la Nación y el Código Procesal Penal Federal (CPPF) respecto a la resolución de conflictos, la fiscalía decidió disponer de la acción penal y dar paso a una suspensión de juicio a prueba, instituto establecido en el artículo 76 bis del Código Penal.

Ante la jueza federal subrogante Mariela Giménez se presentó un acuerdo con importantes beneficios en materia de reparación del daño, uno de los aspectos destacados en la aplicación de este tipo de soluciones. Se estableció una donación de 550 litros de gasoil (valuada en 27.500 pesos) por parte de los cuatros acusados, que serán entregados al Cuartel de Bomberos Voluntarios y Rescatistas de General Güemes y su homónimo de la localidad jujeña de Perico.

Asimismo, los acusados realizaran una donación de 50 mil pesos destinada a la fundación “Juntos a la par”, ubicada en el barrio Fiscales de General Güemes y que tiene como objetivo atender distintas necesidades básicas entre vecinos y vecinas.

También se dispuso la donación de otros 30 mil pesos que serán destinados a la adquisición de elementos de bioseguridad y limpieza para un puesto de salud ubicado en Las Pampitas, en la localidad de El Carmen, en Jujuy. Los acusados, por su parte, acordaron realizar tareas comunitarias por seis horas semanales durante seis meses, tanto en la fundación Juntos a la Par, como en la Cooperativa de Trabajos “Pozo Cavado Limitada” de la localidad jujeña de Puesto Viejo.

Por último, y en materia de bienes y dinero secuestrado en el marco de las actuaciones realizadas, se dispuso el abandono en favor del Estado Nacional de una suma de 171.840 pesos, dinero que fue producto del ilícito investigado.

Maniobra sistemática

Al momento de referirse al caso, el fiscal recordó que la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima, la cual dio a conocer maniobras realizada por algunos de los acusados y en perjuicio del Estado Nacional, pues se trataba del robo sistemático de combustible de un depósito de la firma Belgrano Cargas SA, que luego era revendido entre comerciantes y finqueros de la zona.

Toranzos repasó aspectos de la tarea investigativa, en la cual también intervinieron el auxiliar fiscal Facundo Mirabella y los investigadores Pablo Carraro y Facundo Saravia, quienes coordinaron distintas diligencias con efectivos de la subdelegación de General Güemes de la Policía Federal.

Explicó que, a partir de la denuncia, se llevaron adelante tareas de campo y de inteligencia que permitieron confirmar la sustracción del combustible, acción en la cual Avilés tuvo un rol clave, pues era operario en la estación ferroviaria.

El gasoil era extraído del depósito de combustible en bidones, que salían del predio en el interior de una Ford EcoSport, en el cual llegaban López o Cuellar en frecuentes visitas a Avilés, por lo general de noche y cuando no había suficiente vigilancia, según se narró en la audiencia.

Posteriormente, y con ayuda de Rocha, el combustible era comercializado al mejor postor, entre comerciantes y finqueros en parajes de General Güemes y localidades jujeñas aledañas, maniobra que la fiscalía logró confirmar a partir de conversaciones que los acusados mantuvieron en las operaciones de venta.

Ante el avance alcanzado, las defensas de los acusados iniciaron gestiones en busca de arribar a otra vía de resolución de conflicto, circunstancias en la que se comenzaron a analizar distintas propuestas de reparación del daño, entre otros requisitos para aplicar una suspensión de juicio a prueba.

Al respecto, el fiscal resaltó el abanico de posibilidades que posee el CPPF en la materia, sin tener el juicio y la pena como la única vía del proceso penal. Para su aplicación, se llevó adelante un análisis del encuadre legal, la reparación del daño y la proporcionalidad, entre otras exigencias jurídicas.

En tal sentido, el representante del MPF indicó que, ante la obligación de contar con el consentimiento de la víctima o la entidad afectada, informó que la firma damnificada no se opuso a la vía elegida para la resolución del conflicto, la cual -destacó- podrá ser revocada en caso de incumplimiento y reactivar el proceso penal en contra de los acusados. La homologación fue dispuesta el viernes 11 de junio por el juzgado interviniente.