La Defensora Oficial para Víctimas de Violencia Familiar y de Género N 2, Lisa Medrano, logró que la jueza del Juzgado de Violencia Familiar y de Género N 1 del Distrito Judicial Centro, Noemi Liliana Valdez, ordenara una serie de medidas urgentes en favor de una mujer que había denunciado ser víctima de violencia y que tiene 5 hijos en común con su agresor.

La magistrada comprendió -y lo manifestó expresamente en su sentencia- “la situación de extrema gravedad por la que atraviesa la denunciante junto a su grupo familiar y que la coloca en una situación de vulnerabilidad de la que no podrá salir sino con la ayuda de los organismos pertinentes del Estado, a través de los programas creados para dar respuesta a las contingencias generadas por los hechos de violencia”.

Esos, básicamente, son los fundamentos que luego dan pie a una serie de mandatos emitidos por la Justicia al Ejecutivo.

El primero, ordena al Programa de Violencia Familiar que arbitre los medios y realice las gestiones necesarias para que la víctima obtenga un subsidio económico, debiendo ese organismo del Estado informar al Juzgado las acciones efectivamente realizadas en un plazo de 20 días a partir de recibido el oficio.

El segundo, ordena a Tierra y Habitat que realice las gestiones a fin de incorporar de manera prioritaria a la víctima como beneficiaria de un terreno que le permita acceder a una vivienda propia.

Y finalmente la tercera, autoriza a la víctima a percibir de forma directa y personal los montos en concepto de Asignación Universal por Hijo correspondientes a los 5 hijos e hijas que la mujer tiene en común con su victimario.