El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar el sábado pasado a la formalización de una investigación penal iniciada contra una madre que entregó a su beba recién nacida a una pareja de hermanos que trasladó a la menor de edad a la ciudad boliviana de Bermejo, en el marco de una causa en la que los tres acusados quedaron imputados por el delito de “supresión de estado civil”, en grado de coautores.

La acusación penal contra Patsy Godoy -madre de la beba- y los hermanos Evaristo y María Caiguara Ortiz, es impulsada por la fiscal interina de la Sede Descentralizada de Orán, María del Carmen Núñez.

La fiscal logró que a los dos hermanos Caiguara Ortiz se les dicte prisión preventiva de orden efectivo, mientras que Godoy, madre de la niña, quedó en libertad, pero con la prohibición de acercamiento a la beba.

La calificación penal impulsada por la fiscalía está contemplada en el segundo párrafo del artículo 139 del Código Penal, que prevé prisión de 2 a 6 años al que “por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”, y en el primer párrafo del artículo 139 bis, que impone “reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”.

El caso

En su presentación, Núñez explicó que su intervención devino a raíz de la declinación de competencia de la Fiscalía Penal N°3 de Orán e indicó que el 9 de agosto pasado, la gerente de Atención de las Personas del hospital San Vicente de Paul, de esa ciudad, Karina Segovia, denunció la desaparición de una beba nacida en ese nosocomio.

En su relato, la médica reveló que Godoy había ingresado el 4 de agosto para dar a luz a una beba, lo que sucedió mediante cesárea. A los dos días, en tanto, la madre y su hija fueron dadas de alta, por lo que se impartió una directiva a un agente sanitario para que visite a la mujer, ya que debía revisar la evolución de la operación y el estado de la menor de la edad.

Esta medida, dispuesta por protocolo, se cumplió el 7 de agosto, cuando el agente de salud se presentó en la finca Abra El Sol, en el paraje El Sauzalito, a fin de revisar a la madre y su hija, pero sólo se encontró con la progenitora, quien le dijo que la beba había quedado internada en el hospital.

Al tomar conocimiento del reporte del agente sanitario, y verificar que lo dicho por la madre era mentira y la beba no se hallaba internada, se activó una alerta por el caso.

La misma médica reveló que se trasladó personalmente a la casa de Godoy, pero no la encontró, aunque sí logró hablar con la madre de la imputada, la que confirmó que la beba nunca había llegado a esa vivienda.

Entre otros detalles, se pudo establecer que Godoy había registrado un segundo domicilio al registrar su egreso del hospital, por lo que se hicieron presentes en dicho inmueble, ubicado en el barrio 30 Viviendas, de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, donde reside otro de los imputados, Evaristo Caiguara Ortiz. Allí, no hallaron a nadie.

A partir de las actuaciones llevadas adelante por la fiscalía, el 9 de agosto pasado se pudo dar con este sospechoso, quien se puso en contacto con su hermana, María Caiguara Ortiz -tercera imputada de la causa y con domicilio en la ciudad boliviana de Bermejo-, la que luego se presentó en la comisaría de Aguas Blancas e hizo entrega de la niña. La beba se hallaba en buen estado de salud.

Lo que declararon los imputados

Descripto el hecho, los tres acusados pidieron declarar, circunstancias en la que Godoy sostuvo que conocía a Evaristo Caiguara Ortiz, ya que era un amigo de antigua data de su padre, ya fallecido.

La mujer explicó que antes de internarse para dar a luz, fue a visitarlo, pues su madre la tenía amenazada porque no quería otro niño en la casa, por lo que no sabía qué hacer.

Según lo relatado por la imputada, fue entonces que Caiguara Ortiz hizo de intermediario para que su hermana se haga cargo de la beba. Tras el nacimiento, la beba pasó a manos de María Caiguara Ortiz.

De acuerdo a lo declarado por la madre de la niña en la audiencia, debían esperar hasta el 22 de agosto para inscribirla en el Registro Civil, turno que ella ya había gestionado.

Por su parte, los dos hermanos adujeron que actuaron de buena fe y que, en todo momento, su intención fue realizar todas las diligencias legales del caso a fin de obtener la adopción de la beba.

Dijeron que, ante el temor de la madre, por regresar a su casa con la niña, es que accedieron a tenerla hasta la fecha del turno en el Registro Civil, donde pensaban formalizar una adopción.

Ante este relato y las demás circunstancias que rodean el caso, la fiscal Núñez insistió con la imputación de los tres acusados, pues aún restan llevarse a cabo otras medidas de prueba, entre ellas las pericias sobre los teléfonos secuestrados a los tres acusados.

Prisión preventiva

La fiscal a cargo de la Sede Descentralizada de Orán solicitó y consiguió la prisión preventiva para los hermanos, mientras que respecto de Godoy, quedó en libertad pero con la promesa de no entorpecer el proceso y las restricciones de no poder abandonar el país y de tener prohibido el acercamiento a la niña.

En cuanto a los hermanos Caiguara Ortiz, al fundamentar el pedido de que queden detenidos, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que existen serios riesgos de fuga, como así también entorpecimiento procesal. Resaltó, entre otros argumentos, el hecho de que los acusados tienen facilidad para cruzar la frontera de manera ilegal, pues ya habían trasladado a la menor de edad a la ciudad boliviana de Bermejo, donde reside María Caiguara Ortiz.

La postura de la fiscal fue respaldada por el juez Montoya, quien compartió sus argumentos y destacó la necesidad investigar a fondo el hecho. “Acá está en juego lo que podría ser una red internacional de trata, entonces en este sentido voy a disponer la medida de coerción más grave”, expresó el magistrado sobre la prisión preventiva de los dos hermanos.

La beba quedó bajo la tutela de la Secretaría de la Niñez de la jurisdicción y en la audiencia estuvo representada por la Defensoría Pública de Menores.