El desbaratamiento de esta organización responde a una investigación de policías de la UFINAR (Unidad Fiscal de Narcocriminalidad), quienes bajo la dirección del fiscal penal Santiago López Soto, realizaron una minuciosa pesquisa que permitió no sólo la detención de los nuevos cómplices reclutados por el cabecilla, sino el secuestro de 34 mil dosis de estupefacientes e importantes pruebas que aún son investigadas.
Al respecto, López Soto explicó que se trata de una investigación iniciada a instancia de datos y pistas que fueron obtenidas por los policías a partir de declaraciones de vecinos, quienes por temor a represalias se mantienen en el anonimato.
Los acusados, Sebastián Federico Mercado, sindicado como el cabecilla; su pareja Raquel Andrina Torres; su cuñado Walter Benjamín Torres y su suegra Felisa del Valle Verón, en cuya casa se secuestró 8 kilos de drogas.
Respecto al accionar de esta banda, según lo informado hasta ahora, la misma tenía su radio de operación en una zona conocida como “La Ranchada”, ubicada en la zona Sudeste de la ciudad, más precisamente en el barrio 26 de Marzo, donde residían los detenidos.
Las pesquisas realizadas en la zona, permitieron identificar a una familia de apellido Mercado como los que supuestamente dirigían la venta de droga en “La Ranchada”, lugar al que distintos consumidores y otros revendedores de otros puntos de la ciudad acudían para abastecerse.
La zona representa una dificultad para la Policía, pues se trata de un enclave de difícil acceso, debido no sólo a lo encumbrado de algunas de las viviendas, sino también al hecho de que los familiares y amigos de esta banda rápidamente salían a la calle a repeler la presencia policial en el lugar.
Desde la UFINAR se pudo establecer que un integrante de esta familia, Sebastián Mercado había sido detenido por un hecho de sangre, ocurrido el 15 de enero pasado del año pasado, cuando junto a otros familiares agredieron a un vecino, hecho por el cual fueron llevados a juicio; siendo Mercado condenado a un año de prisión efectiva por el delito de amenazas con armas, pena que luego fue unificada con una condena posterior por venta de drogas.
Por ello fue alojado en la cárcel federal de General Güemes, donde Mercado se las ingenió para seguir con el negocio de la comercialización de estupefacientes, actividad en la cual su mujer, Raquel Andrina Torres, pasó a tener un rol más protagónico.
Es que Mercado, según surge de la investigación e imputación penal en su contra, encontró una pieza clave para su actividad delictiva en otro recluso de esa unidad carcelaria, quien se convirtió en un proveedor de distintas sustancias. Mientras ambos hacían los “arreglos” dentro de la cárcel, sus respectivas parejas se encargaban del resto. Así, al investigar a las mismas y a sus familiares, se pudo determinar que la comercialización de drogas había sido retomada por Mercado, esta vez a través de su pareja, quien le rendía informes detallados del negocio.
En tal sentido, se pudo establecer que Mercado, a través de su pareja, comenzó a operar con importantes cantidades de drogas, entre ellas marihuana y otras sustancias, las que le dejaron ganancias por sumas que superaban los 100 mil pesos.
Tras reunir varias pruebas, la Fiscalía solicitó el allanamiento y detención de los implicados, procedimientos que se realizaron el 6 de junio pasado en viviendas ubicadas en los barrios 26 de Marzo y Siglo 21, donde también se logró el secuestro de ocho kilos de drogas.
Posteriormente, se realizó una medida similar en la cárcel federal de General Güemes, donde a Mercado se le secuestró una libreta con pruebas de la actividad que dirigía desde su celda. A partir de estas diligencias, el fiscal imputó al mismo el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres personas de forma organizada.
Al momento de las imputaciones, según lo informado desde la UFINAR, Mercado y su suegra aceptaron prestar declaraciones indagatorias, en las cuales se limitaron a rechazar las acusaciones y responsabilizar a otros familiares por los delitos imputados. López Soto, en tanto, confirmó que se sigue adelante con las investigaciones y que ya se solicitó la prisión preventiva de todos los imputados.