Se trató de un ardid de 2 hombres violentos en contra de una mujer y sus hijas menores de edad que tenía, como única finalidad, despojarlas del terreno en donde habitan y quedárselo para ellos.
Uno es la ex pareja de la víctima y el otro es su sobrino. Entre ambos, sometieron a la mujer y a sus hijas a una infinidad de situaciones de violencia. Los dos se encuentran denunciados en múltiples causas que se tramitan en diferentes fueros y en paralelo e incluso, en algún momento, ellos se denunciaron entre sí. Luego, se aliaron y mintieron.
El hombre es sobrino del ex marido de la mujer agredida y convivía con ellos, con los hijos mayores de edad de él y con las hijas menores de edad que la ex pareja tiene en común.
Originalmente, el sobrino había sido excluido del hogar, al igual que su tío, por haber ocurrido múltiples y muy complejas situaciones de violencia y delictivas que se tramitaron luego, por vías diferentes, en los fueros correspondientes.
Más sin embargo luego, habiendo declarado los hombres que las situaciones de violencia que se generaban entre ellos y que afectaban al grupo familiar habían cesado, se levantó la exclusión del hogar al sobrino y se le permitió el reingreso a una propiedad que continua siendo habitada por la ex mujer de su tío y en contra de quien, entre ambos, ejercen diferentes tipos de violencia que, incluso, afectan a las menores de edad que conviven con todos.
Aquí fue donde la intervención de la Defensora Oficial para Víctimas de Violencia Familiar y de Género N° 2, Liza Medrano, resultó determinante.
Sucede que las Defensorías Especializadas que funcionan en la provincia tienen asignadas, como singularidad a nivel nacional, una competencia multifuero que les permite un abordaje transversal en cuestiones civiles, de familia y penales.
Entonces, tramitando una causa por violencia familiar ante el Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil, de Personas y Familia N° 6, a cargo de Daniel Canavoso, Medrano pudo reunir antecedentes e información no sólo sobre las causas vinculadas a ese fuero, sino también sobre las penales que pesaban sobre el sobrino del ex marido de la mujer víctima a la que representa.
“Resulta evidente que, al momento del dictado de la resolución (…), se desconocían las medidas tomadas en contra del Sr. (…) en un expediente en trámite por ante el Juzgado de Violencia y Género N° 1 y de la condena que pesaba sobre el mismo dictada por la Vocalía N° 3, de la Sala III del Tribunal de Juicio, por hechos realizados en contra de la Sra. (…). En ese sentido, efectivamente la conducta del Sr. (…) no solamente es mendaz, sino que además es temeraria; al haber denunciado situaciones irreales como la inexistencia de hechos de violencia familiar cuando él mismo fue excluido del hogar por violencia doméstica y condenado por la misma razón por la Sala III del Tribunal de Juicio. En este sentido, la temeridad está expresada por la conducta delictuosa en el orden civil, cuando actuando sin razón y a sabiendas de ello, provoca un daño a la otra parte”, advirtió Medrano a Canavoso, haciendo uso de su competencia multifuero.
El resultado final fue una nueva resolución judicial en la que el juez expresa que deja sin efecto una resolución anterior y ordena la inmediata exclusión del hogar del violento, bajo apercibimiento de proceder al desahucio por la fuerza pública.
En el mismo documento, el magistrado dispone el reingreso de la víctima y sus hijas menores de edad a la casa familiar; ordena custodia policial fija en el domicilio e impone una multa económica que el agresor deberá abonar a la agredida.
