Para tratar distintos temas referidos al área de derechos humanos, senadores recibieron a miembros de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, acompañados por referentes de organizaciones de derechos Humanos de la provincia.
El encuentro fue encabezado por el Senador Walter Cruz, junto al vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y contó con la participación de los legisladores, Jorge Soto, Javier Mónico, Esteban D’Andrea, Dani Nolasco, Gustavo Carrizo, Leopoldo Salva, Enrique Cornejo, Leonor Minetti y Luis Altamirano.
Por el Comité asistieron Andrés Giordamachi; Cristina Cobos y Tania Kiriaco; por los organismos de Derechos Humanos, Nora Leonard de la “Asociación Lucrecia Barquet”, Blanca Lezcano por la “Asociación de Familiares de detenidos y desaparecidos”; Fernando Pequeño por la “Asociación Miguel Ragone” y Elia Fernández por “HIJOS”.
En el primer tramo, Giordamachi amplió detalles del informe anual sobre personas privadas de la libertad. Reiteró que la situación carcelaria de Salta, igual que en el resto del país es crítica, habiéndose dispuesto la emergencia carcelaria por 3 años en 2022. Indicó que el mayor problema de los más de 3.900 detenidos en Salta lo presentan más 800 que están alojados en comisarías, en pésimas condiciones edilicias, en especial en Orán, Tartagal y Metán, sin acceso a derechos básicos y atendidos por personal policial que no fue formado para esa tarea.
Dijo que se presentó el hábeas corpus ante la Corte de Justicia para que, entre otras medidas, se disponga la convocatoria de una mesa de trabajo interministerial que pueda abordar y descomprimir el problema antes de que sea crítico.
En otro orden se planteó la necesidad de participar en la elaboración de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, para aportar criterios sobre derechos y garantías de los privados de la libertad y en la necesidad de reglamentación de la Ley de Salud Mental para la constitución de un Organismo Revisor.
Sobre el tema Soto dijo que desde el Senado se visitó el hospital Ragone y se logró una inversión provincial de $180 millones en infraestructura que fue recientemente habilitada.
Planteo de Organismos de DD.HH
A su turno, las organizaciones de Derechos Humanos coincidieron en repudiar la visita de un grupo de diputados nacionales a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad y alojados en el penal de Ezeiza.
En ese marco pidieron que la legislatura pueda reflotar el proyecto de Ley Provincial de la Memoria, para que sea un ámbito público quien custodie los archivos de los años de dictadura obtenidos por las organizaciones y ayude a difundir la historia a las nuevas generaciones de salteños.
Consideraron que la visita a genocidas se inscribe en un plan sistemático por el que se quiere proponer indultos o prisión domiciliaria a condenados por lesa humanidad, cuando el juicio a las Juntas y el “Nunca Más” fue una lucha de todo pueblo argentino.
Pequeño dijo que Salta, que tiene un gobernador desaparecido, no tiene una casa o un lugar de la Memoria y que, en este contexto de negacionismo de algunos sectores, será un respaldo a las instituciones democráticas.
