La Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado trabajó este miércoles con autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta los principales aspectos del Proyecto de Ley por el cual se modifican los artículos 309 y 316 e incorporan los artículos 309 bis, 309 ter, 309 quater, 309 quinquies, 309 sexies, y 72 bis al Código Procesal Penal, referente a la investigación penal en el ámbito digital, que llega con la aprobación de la Cámara de Diputados. 

El encuentro fue encabezado por el senador, Javier Mónico, junto a sus pares, Walter Wayar; Jorge Soto, Fernando Sanz, Dani Nolasco, Diego Cari y Miguel Calabró. Por el Colegio de Magistrados asistieron la presidente, Virginia Solórzano, la vicepresidente, Gabriela Buabse y el secretario, Eduardo Barrionuevo.

Los magistrados ponderaron el proyecto por considerar que se trata de una herramienta útil para estar a la vanguardia en el país y en Latinoamérica en la investigación de delitos y solicitaron se tenga en cuenta una serie de aportes que buscan asegurar el resguardo de los datos que surgen como evidencia digital y que hacen a las garantías constitucionales de los ciudadanos.

En ese marco aclararon que en la actualidad la totalidad de los delitos dejan evidencia digital, por lo que la justicia debe contar con herramientas legales para poder investigar dispositivos o espacios de almacenaje de información, siempre de acuerdo a las garantías consagradas en la Constitución y preservando la intimidad de los datos que pueden surgir de un celular o una PC. Aclararon que la justicia debe tomar los datos digitales que contribuyan a probar un delito y también aquellos que sean descubiertos fortuitamente y asegurarse de descartar todo aquel dato obtenido que no configure delito y forme parte de la intimidad de cada ciudadano.

También analizaron los alcances de la figura del agente encubierto digital, que recaerá sobre policías especializados en informática o investigadores del CIF, quienes solo podrán actuar por orden judicial en tiempos acotados y cuando la necesidad de producir prueba de un delito de tipo informático sea absolutamente necesario.

En su rol de directora del CIF, la fiscal Buabse sostuvo que en el área de informática forense del organismo el 90% del trabajo de investigación de los fiscales se basa en elementos digitales o pruebas que están en soportes informáticos y para insertar esos mecanismos resulta necesaria la reforma del CCP, por lo que celebró el contenido del proyecto en análisis, al recordar que las pruebas de muchos delitos como estafas virtuales, abuso infantil, redes de pedofilia y otros, son digitales.

Por su parte, los senadores agradecieron los aportes y se comprometieron a producir las modificaciones que resulten necesarias a fin de poder tratar el proyecto de Ley en la sesión de este jueves.

“Esto demuestra el valor de la Bicameralidad”, sostuvo Walter Wayar, el recordar que el doble control de los proyectos lleva a su corrección y perfeccionamiento por el bien de la sociedad a la que va dirigido.