“El Estado tiene el deber indelegable de formular y ejecutar políticas públicas teniendo siempre presente el interés superior del niño, indicó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, la diputada Laura Cartuccia, una de las autoras de la iniciativa.
En este sentido, la diputada explicó que “los destinatarios principales son las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos”.
“Conforme la Ley Nacional 26.061, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está integrado por aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” señaló la legisladora.
En tanto, la diputada Carolina Ceaglio, precisó que con la adhesión a la “Ley Lucio” se generan mecanismos y herramientas para la protección de los Derechos de las Infancias, y se avanza en la prevención contra las violencias de los niños, niñas y adolescentes.
“El crimen de Lucio Dupuy puso en escena la violencia y la indiferencia de la que niños, niñas y adolescentes son víctimas cada día”, consideró..
Por su parte, el diputado Sebastián Otero y la diputada Sofía Sierra, referenciaron distintos casos de violencia de niños, niñas y adolescentes registrados en la provincia, y ponderaron el objeto de la Ley y la adhesión de la provincia.
El proyecto aprobado unifica iniciativas de autoría de los diputados Esteban Amat, Osbaldo Acosta, Moisés Balderrama, Roberto Bonifacio, Federico Cañizares, Gonzalo Caro Dávalos, Laura Cartuccia, Elena Díaz, Ernesto Guanca, Patricia Hucena, Víctor Lamberto, Marcela Leguina, Fabio López, Gustavo Pantaleón, Patricio Peñalba, Martín Pérez, Germán Rallé, Juan Carlos Roque Posse, Rogelio Segundo, Ricardo Vargas, Lino Yonar, Carolina Ceaglio, Ana Laura Córdoba, Mónica Juárez, María del Socorro López, y Alejandra Navarro.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.
Proyecto a favor de bomberos voluntarios
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que establece la modificación del último párrafo del artículo 106 bis de la Ley Provincial 7135 – Código Contravencional de la Provincia de Salta.
En todos los casos los locales o espacios a que se refiere el presente artículo, deberán contar con el Certificado de Mínima Seguridad Contra Incendio vigente, expedido por la División Bomberos de la Policía de Salta. En aquellos municipios donde no exista dicha dependencia, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios que cuenten con Departamento Técnico y personal idóneo autorizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, podrán emitir el certificado.
En ambos supuestos, deberán cumplimentar las exigencias expresamente establecidas en la Resolución Nº 102/05 de la Secretaría de la Gobernación de Seguridad o la que en el futuro la reemplace.”
En este sentido, el diputado Adrián Valenzuela, autor de la iniciativa, expresó que “con la modificación del artículo 106 bis de la Ley N° 7135, le estaremos brindando a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios la posibilidad de que cuenten con un pequeño ingreso económico en concepto de arancel, por la expedición del Certificado de Mínima Seguridad Contra Incendio vigente, en cada localidad que sea necesario”.
Por su parte, el diputado Pablo Gómez, destaco el trabajo que realizan los bomberos voluntarios en todo punto de la provincia y es de vital importancia para toda la comunidad.
Por último, el diputado Fabio López, indicó que “en Molinos tenemos dos cuerpos de bomberos voluntarios, que siempre están trabajando en la comunidad, los parajes y los pueblos; y se mantienen vendiendo rifas, vendiendo comida, para cubrir los gastos, y esto es una herramienta para sumar a esta gran labor que hacen por todos”.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.
