En su articulado, la norma determina que el intendente en ejercicio cesará en su cargo a partir de la entrada en vigencia de Ley, a la vez que faculta al Poder Ejecutivo Provincial a designar al comisionado interventor del Departamento Ejecutivo Municipal, con las atribuciones que la Constitución y las Leyes de la Provincia confieren a los órganos intervenidos.

Por otro lado, dispone que la intervención se extenderá hasta la asunción del nuevo intendente municipal que resultare electo en las próximas elecciones provinciales del año 2.025.

Al respecto, el diputado Germán Rallé, uno de los autores del proyecto, señaló que el objeto es disponer la intervención del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Aguas Blancas, en el marco de lo dispuesto por el inc. 2) del artículo 179 de la Constitución Provincial, que prevé como una de las causales de intervención la de “normalizar una situación de crisis o gravedad institucional”.

En este sentido, el diputado destacó como uno de los puntos principales de la intervención, lo descrito en la presentación efectuada por el Procurador General de la Provincia, quien informó que la Unidad Fiscal creada por Resolución 1523/24 formuló imputación en contra del jefe comunal de la localidad por los delitos de entorpecimiento de acto funcional (Art. 241º Inc 2º CP), y violación de secretos (Art. 157º CP), a la vez que se expuso otras investigaciones en curso por hechos delictivos de enorme gravedad.

“Como corresponde a esta Cámara y con la responsabilidad institucional del caso, presentamos un proyecto de intervención”, aseguró el diputado Rallé.

En este marco, el legislador enfatizó que tras analizar la compleja situación que trae aparejado el proceso judicial y las conductas que se endilgan al jefe comunal, resulta oportuno proponer la herramienta constitucional de la intervención, sabiendo que se trata de un remedio extraordinario que llevará a normalizar el estado de crisis institucional que se plantea en el municipio.

“Hoy, después del mediodía, la Justica anunció la detención del intendente y con ello se termina de reafirmar el planteo que hicimos en este proyecto. Tenemos una responsabilidad institucional y tenemos que hacer algo”, sostuvo.

En otro orden, la diputada Socorro Villamayor, presidenta de la comisión de Legislación General, subrayó el marco constitucional y el uso excepcional y necesario de la intervención atenta la situación que afronta el municipio.

“Es indubitable pensar y analizar la posibilidad de la intervención entendiendo que es de público y notorio conocimiento la situación crítica que atraviesa el municipio de Aguas Blancas”, indicó la diputada.

“Acompañamos este pedido haciendo uso de esta facultad excepcional prevista en nuestra Constitución Provincial. Es una situación en la que se debe contemplar la intervención. Están dadas las condiciones. Acompañamos de manera indubitable esta decisión”, remarcó.

En tanto, la diputada Mónica Juárez, se refirió al riesgo institucional que esta situación representa y la gravedad de los hechos que se imputan, por lo que resaltó la aplicación de este remedio constitucional, al tiempo que respaldó la investigación que lleva adelante el cuerpo de fiscales.

Por su parte, el diputado Gustavo Dantur, enfatizó que es una medida necesaria ante la gravedad de la situación, y ponderó las herramientas legislativas que se impulsan en la lucha contra este flagelo, y reafirmó el apoyo absoluto a las investigaciones y el trabajo que se lleva adelante en este marco.

“Si bien es un tema muy difícil, que es lacerante para la sociedad, no estamos dispuestos a tolerar estos hechos. Es muy doloroso tener que intervenir un municipio, pero la situación lo amerita “, aseguró el diputado.

Por último, la diputada Patricia Hucena, hizo hincapié que a partir de la implementación de este instrumento constitucional se busca lograr la normalización institucional en beneficio de los vecinos de Aguas Blancas, y ponderó el criterio unánime del Cuerpo en función de los elementos que conllevan la implementación de este instrumento.

“Este remedio constitucional está establecido para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional. El Procurador General de la Provincia, cuando expone esta situación a ambas Cámaras Legislativas, justamente expone que constituye una grave situación institucional por la que atraviesa el municipio, y que afecta de manera directa a sus residentes“, señaló.

“Intervenir un municipio nunca es una buena noticia, ya que significa la remoción de alguien que fuera elegido democráticamente por los ciudadanos. Sin embargo, ante esta situación de gravedad como la que existe, resulta necesario utilizar las herramientas otorgadas por nuestra Constitución de la Provincia”, planteó la diputada.

El proyecto de origen fue impulsado por la bancada Justicialista “Sáenz Conducción” y acumuló durante su tratamiento, una iniciativa de la bancada “Dr. René Favaloro”.

Tras la aprobación por unanimidad, se informó al Cuerpo sobre la nota enviada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien respaldó la aplicación de los instrumentos y remedios contemplados por la Constitución de la Provincia.

El proyecto de Ley, que se trató sobre tablas, fue aprobado por unanimidad del Cuerpo, cumpliendo con los votos requeridos por la Constitución de la Provincia. Pasó al Senado en revisión.