El proyecto prevé, entre otros puntos, avanzar del actual régimen inquisitivo al régimen acusatorio y, de esta forma, cambiar los procedimientos utilizados al momento de juzgar a un menor.

Para ello, entre las modificaciones al articulado de la Ley Nº 8.097, se establece el trabajo con equipos interdisciplinarios, lo que permitirá que a las niñas, niños o adolescentes que resultasen involucrados en un proceso, se les practique un examen integral para determinar su grado de maduración, conocimiento y situación de la realidad circundante; como así también, un informe ambiental orientativo que describa núcleo familiar, habitacional e influencias externas e internas del medio en el cual se desenvuelve y un examen psiquiátrico, para determinar su grado de entendimiento y comprensión mínima de sus actos. Estos equipos estarán integrados por profesionales de la psicología, la psiquiatría, el trabajo social u otras especialidades que se consideren con incumbencias en la temática.

Otra de las modificaciones incluidas a dicha norma, estipula que, al momento de pronunciarse sobre la culpabilidad del adolescente, y siempre que no exista un periodo previo de evaluación del mismo, el juez o jueza penal juvenil podrá declarar su responsabilidad penal, fijando el plazo y las condiciones a las que deberá sujetarse el adolescente durante la etapa de evaluación. Con ese fin, el juez o la jueza penal juvenil podrá disponer medidas socioeducativas como lo son: reparación pecuniaria o no pecuniaria a la víctima; prestación de servicios a la comunidad de acuerdo a su edad, desarrollo físico y capacidad; inclusión en programas de abordaje socioeducativo y/o de supervisión en territorio bajo el contralor de la Autoridad Administrativa.

Por otra parte, entre los cambios a la Ley Nº 8.023. se establece transformar los tres Juzgados creados dicha ley, en Juzgados Penales Juveniles y de Garantías con competencia en materia de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, establecida mediante Ley Provincial Nº 8097 y en Garantías, con la misma sede y jurisdicción establecidas en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 8023. Además, se transforma el Juzgado de Garantías creado por Ley Provincial Nº 8.246, en Juzgado Penal Juvenil y de Garantías con competencia en materia de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, y en Garantías.

A su vez, los tres cargos de Defensores Oficiales creados por Ley Provincial Nº 8.023 tendrán, además, competencia en materia de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes establecida mediante Ley Provincial Nº 8.097.

En el caso de la Defensoría Oficial con asiento en la Ciudad de Joaquín V. González, creada por Ley Provincial Nº 7624 tendrá, además, competencia en materia de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes establecida mediante Ley Provincial Nº 8097.

Asimismo, se crean cuatro cargos de Fiscal Penal Juvenil para los Distritos Judiciales del Centro, Orán, Tartagal y Sur Circunscripción Metán, respectivamente. La Fiscalía de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de Joaquín V. González, creada por Ley Provincial Nº 7624 tendrá, además, competencia en materia de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes establecida mediante Ley Provincial Nº 8097. En tanto, se crea un cargo de Defensor Penal Juvenil para el Distrito Judicial del Centro.

En este sentido, la diputada Socorro Villamayor, autora del proyecto, sostuvo que con estas modificaciones “se trata de poner los derechos de niñas, niños y adolescentes en el plano del derecho internacional. Es pasar del niño objeto al niño sujeto a derecho”

En este marco, la legisladora detalló que las modificaciones planteadas fueron el resultado del trabajo de la Comisión Especial creada a través de la Ley Nº 8.333, con la misión de proponer las reformas legislativas necesarias para la implementación efectiva de la Ley Provincial 8.097. La misma está conformada por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Senado, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Justicia.

“Mantuvimos diversas reuniones en las que se discutió la implementación progresiva y se trabajó en la armonización legislativa con operadores expertos”, precisó la diputada, y agregó que “la comisión elaboró un informe y un anteproyecto que dan cuenta de la labor desarrollada”.

De esta manera, Villamayor sostuvo que “esta iniciativa tiene por objeto incorporar las garantías fundamentales previstas tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, como en la Convención de los Derechos del Niño, y dar mayor claridad y transparencia al proceso judicial, buscando la reinserción del menor en la sociedad”.

Por su parte el diputado Franco Hernández, si bien destacó el proyecto, consideró que en el interior de la provincia no están dadas las condiciones para que se cumplan las medidas tutelares para acompañar al menor en su integridad y reinserción social, planteando en este punto, que es necesario contar con profesionales para los equipos interdisciplinarios y mayores condiciones edilicias.

En tal sentido, la diputada Socorro Villamayor se refirió a lo expuesto por el legislador, destacando los aportes técnicos brindados por el mismo, y resaltó que es un trabajo que se está llevando adelante, no obstante, subrayó que hay falencias históricas que deben cambiar y están siendo revertidas.

En tanto, el diputado Marcelo Paz, manifestó que el espíritu de esta Ley busca que el menor asuma la construcción social a través de distintas acciones, mediante un equipo de trabajo interdisciplinario.

“Seguramente se contemplarán las acciones necesarias para complementar esta Ley, que es gran un aporte, para que aquellos menores que cometieron un delito se reinserten en la sociedad”, precisó.

Por último, los diputados Jorge Restom, Bernardo Biella y Cristina Frisoli plantearon su oposición a distintos puntos del articulado propuesto, por lo que pidieron la abstención al momento de la votación.

El proyecto de Ley fue aprobado fue aprobado por la mayoría del Cuerpo y pasó al Senado en revisión.