En el transcurso de una reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado, llevada a cabo este miércoles, autoridades policiales y de la División Bomberos fundamentaron su postura en relación a un Proyecto de Ley que impulsa la modificación de un párrafo del artículo 106 bis del Código de Contravenciones de la Provincia.
Del encuentro, encabezado por el presidente de la Comisión, Javier Mónico, participaron los senadores; Walter Cruz; Jorge Soto; Dani Nolasco; Diego Cari; Leopoldo Salva; Juan Cruz Curá; Esteban D’Andrea; Fernando Sanz; Manuel Pailler; Carlos Rosso; Sonia Magno y Walter Wayar. Por la Policía Provincial asistieron el jefe y el sub jefe, comisarios generales, Miguel Ceballos y Pablo Vilte; además del jefe de la División Bomberos, Crio. My. Sandro Santos.
La iniciativa, que llega con la aprobación de la Cámara de Diputados, propone que “en todos los casos los locales deberán contar con el Certificado de Mínima Seguridad Contra Incendio vigente, expedido por la División Bomberos de la Policía de Salta y agrega que, en aquellos municipios donde no exista dicha Dependencia, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios que cuenten con Departamento Técnico y personal idóneo autorizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, podrán emitir el certificado”.
Al respecto, los funcionarios policiales coincidieron en afirmar que la iniciativa implica conceder a terceros facultades en materia de seguridad que le son propias al Estado y por lo tanto son indelegables.
Si bien el proyecto habilitaría a los bomberos voluntarios a emitir certificados de mínima seguridad contra incendios solo en aquellos lugares donde no existan bomberos de la policía, se indicó que ya se trabaja en la capacitación de recursos humanos para poder expandir la división bomberos a las 14 unidades regionales que cubren el territorio provincial.
Actualmente existen oficinas de la División Inspección y Asesoramiento Técnico (DIAT) en la zona centro; Gral. Güemes; Chicoana (itinerante); Joaquín V. González; Tartagal; Metán; Cafayate; Cachi y Orán; previéndose la creación de nuevas oficinas para las 14 unidades regionales, reiteraron.
Santos sostuvo que la Ley Nacional 19.587/72 sobre Higiene y Seguridad del trabajo, al que está adherida la provincia, establece que todo local comercial debe contar con el certificado de mínima seguridad contra incendios y -conforme a la dimensión o al riesgo de la actividad a desarrollar- deben presentar un estudio de seguridad. Agregó que el certificado posee una validez de un año y detalló los elementos que se tienen en cuenta para entregar el certificado, tales como la verificación de documentación, inspección del local, de sus instalaciones eléctricas, luces de emergencia, etc; de las instalaciones de gas o calderas; de los elementos de lucha contra incendios, tales como red fija, rociadores detectores, matafuegos; las señalizaciones, etc.
Sostuvo que la tramitación del certificado demora 15 días, habiéndose habilitado un servicio expres de 48 horas con arancel diferencial.
“Está en riesgo la seguridad pública y la división Bomberos no busca la parte económica sino la seguridad de las personas, por lo que consideramos que no se puede entregar esta potestad a instituciones civiles”, remarcó, a tiempo de lamentar que el Concejo Deliberante de la Capital haya facultado a los Bomberos Voluntarios a expender el certificado.
Además, dijo que la división bomberos se completa con la división guardia de incendios y otros siniestros, con 7 cuarteles en distintos puntos de la provincia y la División lacustre y fluvial
Por su parte los senadores consultaron sobre la demanda y los tiempos de ese trámite, la necesidad de cubrir la necesidad de comerciantes de las zonas más alejadas de la provincia, los avances de la digitalización para acortar tiempos y los costos del trámite.
El Senador Wayar opinó que la tarea de inspección y confección de trámites no está en la esencia de los bomberos voluntarios, que nacieron para actuar ante la emergencia; mientras que su par, Walter Cruz, dijo que en zonas alejadas muchas veces cuesta llegar a hacer esos trámites y el senador Mónico dijo que “lo que buscamos es que cada comercio o local que se habilite en la provincia cuente con las condiciones que permitan que las personas que trabajan o asisten cuenten con seguridad”.
