Motivado en el malestar que genera en distintas comunidades el hecho que una empresa que incumple los plazos de ejecución se vea beneficiada con la adjudicación de nuevas obras, dejando muchas veces abandonada la primera, el Proyecto de Ley impulsado por el senador de Cafayate, Sergio Saldaño, propone agravar las sanciones contempladas en la Ley Nº 8072, de Contrataciones del Estado.
Para ello se plantea agregar un inciso al artículo 32 de la citada Ley. Ese artículo hace referencia a las Personas no habilitadas para ofertar y contratar; incluyendo a los suspendidos o inhabilitados en el Registro General de Contratistas y sus cónyuges mientras dure la sanción; los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena y las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
El inciso “D” propuesto agrega a “los adjudicatarios de una obra pública en curso de ejecución que no acrediten que la misma está siendo cumplida conforme a los plazos establecidos en los respectivos pliegos”.
Para analizar el proyecto la Comisión de Obras Públicas e Industria, encabezada por el senador Fernando Sanz, recibió al subsecretario de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía, Martín Moreno y al coordinador del Ministerio de Infraestructura, Javier Camponovo; en un encuentro del que participaron los legisladores, Jorge Soto; Dani Nolasco; Esteban D’Andrea; Diego Cari, Sonia Magno; Walter Wayar; Carlos Ampuero y Manuel Pailler.
Al respecto, los funcionarios plantearon que la actual Ley, que data de 2018, plantea una serie de penalidades por incumplimientos de plazos, que van desde multas, hasta apercibimientos y la posibilidad de la baja, reconociendo el valor de toda iniciativa que plantee eficientizar los controles.
Indicaron que en el actual contexto económico se producen atrasos en la ejecución de obras ya sea por redeterminaciones de precios, por factores como el climático o por falta de materiales, que llevan a ajustar los plazos. Sin embargo, plantearon que se debe precisar si se trata de un incumplimiento de plazos o realmente se trata de un incumplimiento del contrato.
También influyen temas como si la obra se financia con fondos municipales, provinciales, nacionales o internacionales; más teniendo en cuenta que hoy las adjudicaciones se hacen 6 o 7 meses después de terminada la licitación, lo que en el actual contexto económico obliga a procesos de redeterminación de precios que ralentizan el ritmo de avances, lo que provoca el enojo de la ciudadanía.
En ese marco, los legisladores comprometieron a consensuar el análisis del proyecto, con la idea de aportar una Ley que ayude a ajustar los controles por parte del Estado.
Ante proyecto
Paralelamente los funcionarios anunciaron que se trabaja en un ante proyecto para desagregar el ítem de obras públicas de la Ley de Contrataciones del Estado.
Indicaron que la actual Ley es muy amplia y abarca las contrataciones en las áreas de obras públicas, bienes y servicios y locación de inmuebles por parte del Estado, siendo la idea generar una Ley específica que regule la contratación de obras públicas, como ya ocurre en otras provincias.
Al respecto, los senadores adelantaron su disposición a contribuir con ideas para enriquecer la iniciativa, de manera de generar una herramienta de gestión moderna, que agilice los sistemas de contratación y de control en materia de obras públicas.
