El crimen de Leonel Francia se produjo el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad. El niño tenía 11 años y falleció tras sufrir presuntamente múltiples golpes a manos de su propia madre, la que posteriormente fue imputada por la justicia.
Del mismo modo que el caso Lucio Dupuy, que generó gran conmoción a nivel nacional, el homicidio de Leonel llevó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a iniciar una investigación sobre la actuación de los organismos que intervienen en casos de violencia infantil, con el fin de determinar responsabilidades y con la idea de avanzar en la legislación que contribuya a optimizar los procesos y protocolos de actuación en la materia.
Para tal fin la semana anterior recibió al padre del niño fallecido, acompañado por la ONG Fundación Preparatoria del Pueblo, quienes expusieron detalles de la causa y solicitaron la posibilidad de trabajar en la actualización de protocolos utilizados en casos de violencia infantil.
Posteriormente, ya en sesión, se aprobó el jueves pasado un pedido de informes relativo a la intervención de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, así como los protocolos y actuaciones llevados adelante en el caso; avanzando en la presente jornada con una reunión con la secretaria del área, Carina Iradi, de la que tomaron parte los senadores, Walter Cruz, Alejandra Navarro, Luis Altamirano, Esteban D’Andrea, Gonzalo Caro Dávalos y Leonor Minetti. Acompañaron a la funcionaria, Rosario Reales, directora general de Niñez y Florencia Aguilera, directora de Fortalecimiento Familiar.
En su exposición, Iradi detalló aspectos puntuales del caso y aportó detalles generales de la problemática de violencia infantil, indicando que ante una realidad social muy compleja, se observó un aumento en los casos, que treparon a cinco mil solo en el primer semestre de 2024, los que deben ser atendidos por un equipo de trabajo integrado por 32 profesionales.
Respecto del caso Leonel detalló las actuaciones efectuadas en el expediente originado el 17 de marzo de 2023 luego de la activación de un protocolo en la escuela 4811 Ara Gral. Belgrano, a la que concurría, sumado a la denuncia de una tía del niño, que identificó a la madre como la autora de los golpes sufridos en aquel episodio.
Allí comenzó la actuación institucional con un abordaje técnico psicosocial dispuesto por la jueza Carolina Cáceres Moreno, que incluyó entrevistas con cinco vecinos, el padre y el propio niño, donde se concluyó en la necesidad de nuevas pericias. También se indicó que la jueza había intimado a la madre a presentar regularmente los avances de su tratamiento psicológico.
En ese aspecto Iradi dijo que la tarea del organismo es ayudar a recomponer las relaciones parentales a través de herramientas como los talleres de crianza o tratamientos psicológicos, no todos los casos se resuelven sacando al niño de su hogar, aclaró. Sin embargo sostuvo que en los casos que implican potencial riesgo, los menores son enviados a dispositivos proteccionales por 90 días, prorrogables por otros 90 días, pasando a estado de adoptabilidad en caso de no poder resolver su situación en ese lapso.
Al respecto los senadores reiteraron su decisión de avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades de los distintos actores del caso y en el estudio de aquellas herramientas legislativas que ayuden a optimizar este tipo de procesos, que involucran la coordinación entre justicia, fuerzas de seguridad y secretaría de la niñez, así como de la sociedad en general.
