El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto DibAshur, comenzó su alocución explicando que el objetivo de la reunión con los legisladores era detallar la situación actual de la Nación y de la Provincia. En este sentido, detallo que Salta cerró 4 años con un presupuesto equilibrado, bajando más de 160 millones de dólares su deuda, con los sueldos iguales o por encima de la inflación y con más de 2.100 obras en ejecución.

“Somos una Provincia con equilibrio fiscal, ordenada, con obra pública, respetando el salario de los trabajadores y presentando todas las cuentas del ejercicio”, manifestó el funcionario

Por otro lado, remarcó “ahora estamos ante un nuevo escenario y el mismo se plantea con un modelo ortodoxo con una caída en la actividad económica, con una caída en las transferencias a las provincias o que directamente dejaron de ingresar, más el no reintegro del impuesto a las ganancias, todo eso representa 17 mil millones de pesos menos para las arcas provinciales el pasado mes de enero, estableciendo una situación de gran incertidumbre”.

“Esta situación atenta contra la calidad de vida de los salteños en lo que respecta a la obra pública, vivienda, agua y saneamiento, educación, asistencia a la salud, distintos programas de salud, comedores escolares, focalizados, programas de desarrollo social, etc.”, dijo el ministro de Economía y Servicios Públicos.

Ante la consulta de los legisladores sobre las transferencias no automáticas que la provincia debía percibir desde Nación y no fueron giradas, Dib Ashur expresó que las mismas son obligatorias, salen de los recursos que se perciben de impuestos coparticipables, y no deben ser otorgadas a voluntad del poder de turno, perjudicando a los vecinos. En este sentido, recordó que no se rigen por mecanismos preestablecidos sino por diferentes circunstancias coyunturales, como emergencias fiscales o financieras, necesidad de financiamiento de obras o servicios o asistencias por catástrofes naturales.

En lo que respecta a la Copa de Leche, el ministro aseguró que se está trabajando en la licitación para el 2024, como así también, se busca garantizar la atención en los diferentes comedores de la provincia.

TRANSPORTE EN EMERGENCIA

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada empezó su alocución explicando que la Provincia recibió muchos menos recursos financieros de los estipulados por parte de Nación, por lo cual es importante construir, en base al diálogo y al consenso, una agenda legislativa que atienda la emergencia en la que estamos inmersos, ya que la situación económica y social es muy comprometida.

En este sentido, el funcionario adelantó que se enviará a la Legislatura un Proyecto de Ley que declara la Emergencia en el Transporte, ya que la provincia está en una situación que requiere volver a discutir las normas de regulación y rever el esquema de contratos existentes con los prestatarios, como así también las exigencias para empresas que prestan servicio en los distintos municipios, como por ejemplo la renovación de las flotas.

Ante la consulta de los legisladores, Villada comentó que se está analizando la posibilidad de judicializar la quita de subsidios de transporte para la provincia de Salta, asegurando que es obligación del Gobierno Provincial hacer cumplir la ley, ya que se busca garantizar el cumplimiento de los derechos de los salteños.

“No podemos resignarnos a que haya subsidio de transporte en AMBA y en el interior no. Vamos a avanzar por las vías que corresponden y apelar al Estado de Derecho", señalo Villada y aseguró que la provincia con el sistema SAETA está ya en condiciones de ejecutar el subsidio a los pasajeros como se quiere hacer con la tarjeta SUBE en el área metropolitana de Buenos Aires.

En igual sintonía, aseveró que también se analiza la judicialización por la quita del fondo del incentivo docente.

INCERTIDUMBRE POR LAS OBRAS

En tanto el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, brindó un informe sobre el estado de las obras provinciales y los fondos que percibe Salta en ese concepto.

Al respecto, el Ministro informó que Salta tiene como fuentes de financiamiento, por un lado los fondos internacionales, ya sea los gestionados por la provincia, o los que tomaba Nación y que Salta no debía devolver. Bajo esta modalidad se están ejecutando por ejemplo el Centro de Convenciones y la planta depuradora de Cafayate y el Camping de Coronel Moldes. Hasta el momento las obras financiadas por esta vía siguen sin inconvenientes.

Pero el problema está en las obras que dependen íntegramente de Nación, cuya continuidad está en duda, ya que se suspendieron los pagos de certificaciones ya presentadas y cuya deuda asciende a los $12.080 millones.

Entre las obras financiadas por Nación están el plan de vivienda que tiene provincia con más de 2 mil casas en ejecución, la Ciudad Judicial de Oran, el Dique Limón de General San Martín, obras de saneamientos y la construcción de 17 centros de desarrollo infantil.

“Si el gobierno nacional decide abandonar estás obras, las terminaremos nosotros, será en un plazo mayor, de manera más acotada, pero los principios del Gobernador de avanzar en un plan de obra que iguala en oportunidades siguen intactos”, señaló el ministro, que reconoció la imposibilidad de intervenir también en las obras viales debido a que los presupuestos necesarios exceden los recursos provinciales.

Asimismo, el funcionario señaló que las 170 obras ejecutadas íntegramente con fondos provinciales también continuarán porque “si bien la provincia se ve afectada debido a las medidas nacionales, se seguirá trabajando y gestionado para culminar con las obras que están en ejecución y que van a mejorar la calidad de vida de todos los salteños”.