Con ello, se faculta a las provincias adheridas al régimen, a percibir en concepto de regalías un porcentaje que no exceda un cinco por ciento sobre el valor “boca mina”, es decir, cada jurisdicción tendrá la potestad de subir las regalías hasta un tope de hasta el 5% para los proyectos mineros nuevos, respetando la regalía del 3% para los proyectos vigentes.

El artículo al cual el proyecto persigue adherirse forma parte del Régimen de Inversiones Mineras establecido en la Ley Nacional N° 24.196, a la que la provincia de Salta se adhirió por la Ley Provincial N° 6.712-, mediante la que se estatuyeron un conjunto de medidas tendientes al fomento y desarrollo de la actividad minera, incluida la prospección, exploración, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería.

De acuerdo a los fundamentos, la adhesión a esta norma no obsta al favorecimiento de la actividad minera, y tiene por objetivo la obtención de mayores ingresos que resultan necesarios a fin de que la provincia pueda continuar con el plan de políticas públicas de desarrollo que impactan de manera directa tanto en una mayor calidad de vida de los salteños, como así también redundan en beneficios para las empresas que desarrollan su actividad en el territorio provincial.

Tras un extenso debate el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo fue aprobado por amplia mayoría del Cuerpo, con cuatro votos negativos de los diputados Roque Cornejo, Griselda Galleguillos, Sofía Sierra y José Gauffín. Pasó al Senado en revisión.

DIPUTADOS APROBÓ LA ADHESIÓN AL RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI)

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley mediante el cual la Provincia se adhiere al Régimen de Incentivo dispuesto en la Ley Nacional N° 27.742, que, entre otros puntos, establece beneficios fiscales y tributarios significativos a las grandes inversiones, buscando igualar las condiciones de inversión de Argentina con otros centros de inversión global, ampliando y diversificando la matriz productiva local.

El RIGI fue creado con el objeto de incentivar grandes inversiones, previendo un conjunto de medidas tendientes a otorgar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos para aquellas inversiones superiores a los doscientos millones de dólares estadounidense (USD 200.000.000).

El mismo tiene como objetivos, promover el desarrollo económico estratégico, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores; generar condiciones de previsibilidad y estabilidad y seguridad jurídica para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI.

La provincia de Salta posee una cantidad y diversidad de recursos naturales de gran importancia, que son requeridos para el desarrollo en el orden mundial, por lo que la adhesión al régimen que involucra incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, favorecería la radicación de inversores nacionales y extranjeros.

La adhesión al RIGI posicionaría a la Provincia entre las que mejores condiciones tendrían para efectuar grandes inversiones, atento a que a los beneficios propios que otorga la Ley N° 27.742, se suma a la relevancia del capital natural que ofrecería un atractivo irresistible para invertir en la Provincia.

La instalación de grandes inversiones redundaría en beneficios provinciales desde múltiples aristas, no sólo generando genuinos ingresos a las arcas estatales, sino también trabajo directo, así como el indirecto que prestan las PYMES, los profesionales y autónomos, de toda clase, con los que estas grandes inversiones se vinculan, lo cual sin duda repercutiría en el crecimiento de la provincia.

Las actividades que la norma en cuestión prevé que pueden incluirse en el RIGI son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, recursos con los que cuenta la provincia, siendo posible con la adhesión al RIGI alcanzar un desarrollo competitivo de los mismos con el consiguiente beneficio que ello acarrea a la sociedad salteña en su conjunto.

El proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo fue aprobado con el voto mayoritario del Cuerpo, y tuvo dos votos negativos de los diputados Jorge Restom e Isabel De Vita, y una abstención, de la diputada Soledad Farfán. Pasó al Senado en revisión