Pionera a nivel nacional en materia de Juicios por Jurados, la provincia de Chaco, a través del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor del Río, expuso su experiencia en la materia en el transcurso de un plenario de senadores.

El encuentro fue encabezado por el vicegobernador, Antonio Marocco y el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, junto a los senadores, Jorge Soto, Walter Cruz, Javier Mónico, Esteban D’Andrea, Dani Nolasco, Leopoldo Salva, Walter Abán, Sonia Magno, Luis Altamirano, Juan Cruz Curá, Alejandra Navarro, Gustavo Carrizo, Manuel Pailler, Héctor Calabró y Carlos López.

Marocco dijo que el juicio por jurados es un sistema que está en funcionamiento en Chaco, siendo impulsado en Salta por el gobernador, Gustavo Sáenz y contando ya con la aprobación de la Cámara de Diputados.

Del Río agradeció la invitación de Salta para exponer, con el fin de aportar una mirada federal del tema, considerando que el sistema judicial nacional se pone vetusto en momentos en que trece provincias ya cumplieron con el mandato de la Constitución de 1853 de establecer el juicio por jurados, que viene a completar la migración del sistema inquisitivo al acusatorio, donde es el fiscal quien investiga y el juez de garantías resuelve con imparcialidad.

Dijo que en Chaco el sistema de juicios por jurados arrancó en 2019, luego de seis años de debate y posterior aprobación legislativa en 2015. A la fecha se llevan realizados 69 juicios por delitos graves contra la integridad sexual y homicidios, que fueron ganando en calidad, dado que mejoró el sistema investigativo y tanto fiscales como defensores optimizaron su técnica de litigación.

Para llegar a ello se debieron vencer resistencias y se realizó un amplio trabajo de capacitación ciudadana, haciendo entendible el derecho.

Poder y responsabilidad ciudadana

Del Río sostuvo, que más allá de los aspectos técnicos que debatirá el poder legislativo al momento de abordar el proyecto de Ley, se debe tener en cuenta que el juicio por jurados representa un reconocimiento de la soberanía popular al dar a un tribunal, integrado por 12 ciudadanos comunes, el poder y la responsabilidad de decidir una eventual condena a otro vecino. Dijo que en chaco ese compromiso fue asumido por quienes ya ejercieron el rol de integrantes del tribunal, que durante el transcurso de un juicio comprueban el accionar de la justicia y ello también implica la reconstrucción de lazos entre este poder y el pueblo.

Explicó que los estudios marcan que los ciudadanos valoran positivamente el sistema en un 88%. Además, se sienten más responsables de la cosa pública, siendo una verdadera escuela de civismo para el pueblo. También aclaró que en un 88% los jueces técnicos coinciden con el fallo emitido por el tribunal popular.

Sobre aspectos del sistema destacó el rol del juez técnico que conduce los juicios por jurados durante la audiencia preliminar, donde instruye a los miembros del tribunal. Dijo que por lo general los juicios duran de dos a tres días, pudiendo extenderse hasta los cinco, jornadas que se retribuyen por el servicio prestado.

Finalmente, del Río se pronunció a favor del fallo unánime frente a la alternativa del veredicto mayoritario que prevén algunos sistemas.

Al momento de las consultas el senador Caro solicitó estadísticas a lo que el Dr. Del Río expresó que del total de 868 causas producidas desde 2019, solo el 30% van a juicio y de ese total el 75% se resuelven por juicio abreviado, por lo que a la fecha solo fueron a juicio por jurados 69 casos. El senador D’Andrea consultó sobre el papel del tribunal en casos mediáticos o politizados, indicando que la Ley prevé que se pueda recusar sin causa hasta 4 de los 12 miembros del tribunal.

El senador Lapad consultó sobre aplicación del sistema en pueblos originarios, afirmando del Río que se prevé integrar jurados indígenas, habiéndose ventilado en Chaco el primer juicio a nivel mundial con tribunal, víctima y victimario de pueblos originarios, con fallo de culpabilidad; lo que habla del amalgamiento del sistema de juicos por jurado con el derecho comunitario indígena.

El senador Calabró consultó sobre influencias de redes sociales, en particular en localidades pequeñas, donde todos los vecinos se conocen, indicándose que se prevé la prórroga de jurisdicción. El senador Mónico consultó sobre las claves para que el sistema funcione, considerando del Río que se debe ir por etapas, con mucha capacitación y comunicación. A su turno, el senador Soto consultó sobre la posibilidad de evolución del sistema en el tiempo, indicando el expositor que cada provincia define qué tipos de delitos juzgar, pudiendo agregar en el tiempo más causas que las prevista en el actual proyecto.

El senador Cruz ahondó sobre la opción de juicio abreviado; el senador Curá consultó sobre garantías para el tribunal y el senador Carrizo hizo hincapié en el papel de la educación en la formación ciudadana; la senadora Navarro consultó sobre metodología de selección del jurado y, en el epílogo, el secretario Pérez se refirió a los proyectos para dotar al Ministerio Público Fiscal de una policía especializada en investigación.