En este sentido el diputado Gerónimo Arjona, explicó que las provincias de Salta y Jujuy comparten la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes, en la cual existen importantes ríos y arroyos en donde residen comunidades originarias, que hacen uso de este vital elemento para su consumo, y el desarrollo de estos pueblos.

En tanto, el diputado precisó que dicho convenio establece la conformación de una comisión interjurisdiccional para la gestión ambiental integral de esta Cuenca Hídrica, la cual estará integrada por referentes designados en materia ambiental, recursos hídricos, minería y comunidades originarias. Por otra parte, indicó que, entre los puntos acordados, se estipulo la realización estudios hidrológicos a fin de establecer una línea de base de la cuenca, de su hidrología y capacidad, entre otros.

Asimismo, el diputado remarcó que este acuerdo establece la realización de una evaluación de impacto ambiental integral en la región, escuchando también a las comunidades de la zona.

En tanto, los diputados Rogelio Segundo y Ernesto Tapia, destacaron la importancia de este convenio entre ambas provincias, al tiempo que ponderaron el cuidado de los recursos y la integración de las comunidades de la región en pos de un trabajo conjunto para el desarrollo integral de la zona.

El proyecto sancionado en definitiva fue aprobado por amplia mayoría del Cuerpo, con dos abstenciones. Pasó al Poder Ejecutivo.

Cierre de organismos

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Declaración mediante el cual se expresa el repudio a la iniciativa que viene tomando el Poder Ejecutivo Nacional, al usar como variable del ajuste las fuentes laborales de trabajadores de organismos nacionales como el INADI, la Agencia Publica de Noticias TELAM, los Centros de Referencia - CDR, y otras reparticiones que inciden en la vida diaria de los argentinos.

Además, la declaración sostiene que, “atento a los tiempos de crisis que atravesamos, manifestamos la necesidad de la observancia irrestricta de los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución Nacional y Provincial, por lo cual bregamos por el mejoramiento de los organismos mencionados en su funcionamiento y eficiencia”.

En este sentido, el diputado Luis Mendaña, autor del proyecto, manifestó su repudio ante estas medidas tomadas por el Gobierno Nacional y consideró que “no hay que naturalizar los despidos y el cierre de estos organismos; de nada sirve lograr un equilibrio fiscal, si dejan sin trabajo a miles de personas y sin un Estado al servicio de la sociedad”.

“Miles de argentinos, entre ellos muchos salteños, no podrán llevar el pan a sus casas, no podrán contener a sus familias. Las políticas tomadas por el presidente de la Nación están afectando directamente a la clase trabajadora, a los que menos tienen”, remarcó.

Por su parte, la diputada Soledad Farfán, planteó el acompañamiento a la iniciativa y ponderó la labor del INADI en la lucha para garantizar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, enfatizando la importancia del organismo para la sociedad, por lo que consideró necesario rever estas medidas, trazando políticas que permitan mejorar estos servicios y no su cierre como se promueve.

En tanto, los diputados Roque Cornejo, Griselda Galleguillos, y Juan Esteban Romero enfatizaron en la necesidad de ajuste del gasto público y, por otro lado, ahondaron sobre el funcionamiento de estos organismos, por lo que consideraron como medidas acertadas las de Nación, para cumplir además con las metas económicas que se proponen desde el Ejecutivo nacional.

Por su parte, la diputada Mirtha Miller coincidió en la imperiosa necesidad de que el presidente y el gabinete nacional revean las medidas impulsadas, las cuales consideró van en detrimento del interior del país y de las provincias como Salta y otras de la región. A su vez, la legisladora también cuestionó la situación critica en la que se encuentran determinados sectores vulnerables del interior provincial, como consecuencia de los recortes y quita de subsidios para los salteños.

En tanto, la diputada Ramona Riquelme recordó las políticas de ajuste impulsadas en otras gestiones de tinte “neoliberal”, y manifestó su apoyo a los miles de trabajadores despedidos.

“Es muy triste no tener trabajo, las familias se destruyen cuando no hay qué comer; con las privatizaciones impulsadas y el cierre de los organismos, se están avasallando las conquistas y derechos de los trabajadores”, advirtió.

Por su parte el diputado Germán Rallé, ensalzó la importancia de garantizar y defender las bases y políticas que permiten la movilidad social ascendente, como también los derechos de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables.

“Nos están quitando recursos que nos permiten progresar como provincia”, resaltó.

A su turno el diputado Santiago Vargas, consideró pertinente rever las políticas aplicadas desde Nación, al tiempo que ponderó el servicio de muchos de estos trabajadores para la sociedad.

“El Estado se debe manejar de otra manera, y todos deberían estar incluidos “, ratificó el diputado Vargas.

Concluyendo el debate, la diputada Gloria Seco consideró que es imprescindible tratar estos temas.

“Tenemos que sentar postura sobre estos temas. Fuimos elegidos por el Pueblo y debemos defenderlo. Unos 100 mil trabajadores perdieron su trabajo por el cese de obra pública, peligran las fuentes de trabajo de unos 17 mil trabajadores si se cierra o privatizara el Banco Nación; son miles de familias que no van a poder comer”

El proyecto fue aprobado por amplia mayoría del Cuerpo.