Frida Fonseca Lardies (PJ), autora del Proyecto, fundamentó la propuesta afirmando: “Quienes atraviesan una situación de violencia necesitan contar con el tiempo suficiente para realizar las diligencias que implican estos casos, sin poner en riesgo su puesto laboral. En la actualidad la modalidad a la que se ven obligadas las victimas es el uso de licencias médicas, aduciendo algún tipo de enfermedad”.
En su alocución Fonseca hizo hincapié en la problemática que significa la violencia de género, afirmando: “En este aspecto Salta es una de las provincias que mayor cantidad de casos tiene en el país, con índices dolorosos. Los antecedentes marcan que se realizan 7000 denuncias por violencia cada semestre. Lo que une cada una de estas situaciones es la presencia de paradigmas machistas que nos laceran como ciudadanos”. En referencia al Proyecto impulsado afirmó: “lo que se pretende es proteger el ámbito laboral de la víctima ya que quienes sufren este flagelo necesitan contar con tiempo extra para realizar las denuncias que permitan tomar medidas cautelares para excluir del hogar a quien ejerce la violencia”.
La edil Romina Arroyo (SD) se sumó a las manifestación realizadas por la impulsora del Proyecto, afirmando: “es un tema sensible que nos preocupa a todos, en Salta cada vez aumentan más las cifras de violencia de género y el aporte me parece interesante. Este Proyecto marca un camino que debería verse reflejado en Leyes provinciales, nacionales y en el ámbito privado”. Por su parte, Socorro Villamayor (Por Salta) afirmó su apoyo a la propuesta consignando: “no hay duda que todo aquello que sea una herramienta que contribuya a alivianar la situación de quienes sufren violencia de género tendrá el respaldo del CD”.
Se consigna en el articulado que tendrán acceso a esta licencia las personas que trabajan en el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, el Tribunal de Cuentas y Tribunal de Faltas Municipales que sean víctimas de violencia de género. Los casos serán evaluados por la Autoridad correspondiente. Así mismo, quienes denuncien tendrán a su disposición asistencia psicológica y orientación jurídica.