A partir de los testimonios recogidos por la comisión en su visita a la niña y en el norte provincial, los diputados arribaron a las siguientes conclusiones preliminares:

Todas las autoridades judiciales y administrativas obligadas de cumplir con los protocolos de atención integral  para los casos de abortos no punibles y para la atención integral de las víctimas de violación, no lo hicieron.

Existieron fallas en los mecanismos gubernamentales del Poder Ejecutivo y Judicial para la contención y el acompañamiento de la víctima y la familia teniendo en cuenta las leyes vigentes al respecto.

Las medidas judiciales tomadas durante el proceso penal por las autoridades no fueron oportunas y conducentes para el esclarecimiento del hecho. Asimismo no se observó la correcta preservación de los elementos de prueba que pueden resultar irreproducibles.

Por último se observó una sobreactuación por parte de los funcionarios judiciales que tomaron parte en el proceso a partir de la intervención de la Cámara de Diputados.

El informe junto a lo manifestado por los diputados en la sesión se remitirán a la Corte de Justicia, el Procurador General, la Defensora General y la Asesora de Incapaces, sugiriendo que se tomen las medidas que pudieran corresponder contra los actores judiciales que participaron del proceso.

Asimismo, se lo remitirá al jefe de Gabinete de Ministros para que inicie un sumario de investigación en los ministerios que debieron intervenir: Derechos Humanos y Justicia, Salud Pública, Asuntos Indígenas, Seguridad y Primera Infancia.

El diputado Manuel Santiago Godoy afirmó que hubo fallas graves en todo el proceso, por lo que se debe sancionar a los responsables. Con respecto al futuro expresó que los diputados deben estar atento a idear mecanismo que desde las leyes ayuden a evitar que suceda nuevamente un caso similar y planteó la creación de un defensor oficial exclusivo para asuntos indígenas con asiento en Tartagal, como una herramienta al respecto.