El encuentro fue encabezado por la presidente de la Comisión Especial de Mujer, Género y Diversidad del cuerpo, Sonia Magno, junto a los senadores, Carlos Rosso; Manuel Pailler; Carlos Ampuero; Dani Nolasco; Esteban D’Andrea; Juan Cruz Curá; Javier Mónico; Jorge Soto y Marcelo García. Por el MPF asistieron las fiscales de Violencia Familiar y de Género, María Lujan Sodero y Elisa Pérez; el fiscal penal de Delitos contra la Integridad Sexual, Pablo Rivero; el secretario relator de la Procuración, Aldo Saravia; la titular de la Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género, Ana Salas; el auxiliar fiscal de Violencia de Género, Marcos Vega; la secretaria letrada, Victoria Martínez y el defensor general, Damián Cornejo.
En ese marco los presentes efectuaron un análisis de la legislación vigente en la materia y del Proyecto de Ley para modificar la ley 7888 de “Protección de Violencia de Género”, que se encuentra en el Senado. La fiscal Sodero sostuvo que Salta es una provincia pionera en generar fiscalías especializadas en violencia de género y destacó la legislación generada hasta ahora.
Sobre la iniciativa destacó el espíritu inclusivo del proyecto, al contemplar normas nacionales e internacionales que integran a otros colectivos y el uso de un lenguaje más inclusivo; además de conceptualizaciones que amplían la protección a víctimas pertenecientes a grupos vulnerables, como el caso del colectivo LGTBI+.
Sin embargo, consideró que si el espíritu del proyecto es perfeccionar la protección de la víctima, evitando duplicidad de actuaciones para agilizar el proceso, se observa que en esta clase de casos siempre intervienen jueces de garantías y jueces de violencia de género.
Es necesario evitar dilaciones y optimizar recursos que se pueden unificar para evitar revictimizar a la persona que sufre violencia de género y para ello se está trabajando en conjunto entre la Procuración y la Corte de Justicia para diseñar un modelo transversal de intervención en un sistema o plataforma única, donde cada caso pase a integrar un expediente digital que pueda ser utilizado por los distintos actores del sistema judicial para dar una respuesta unificada y eficaz, expresó.
Este Plan de modernización de la justicia busca garantizar el acceso real a la justicia y tiene como objetivo mejorar la calidad de respuesta a las víctimas y optimizar los recursos disponibles, reafirmaron los fiscales.
La idea es que el nuevo sistema arranque con la intervención juez de violencia, para que dicte las medidas de protección necesarias para la víctima y luego siga con el juez de garantías, graficó a modo de ejemplo el fiscal Rivero.
Por su parte los senadores plantearon las dificultades que tienen las víctimas de violencia de género para denunciar sus casos, situación que se agrava en el interior de la provincia; la multiplicidad de trámites judiciales y audiencias por las que deben atravesar y la situación de vulnerabilidad en la que quedan, muchas veces privilegiando el bienestar de sus hijos y resignándose a la convivencia con sus agresores.
Para ello consideraron oportuno compatibilizar el futuro sistema transversal de intervención que elaboran la Corte y la Procuración con las iniciativas legislativas existentes en la materia con el fin de optimizar la efectividad de la respuesta judicial hacia las víctimas.
