Las fiscales penales de Orán, María Soledad Filtrin y Mariana Torres investigan hechos de resistencia a la autoridad, robo agravado, incendio agravado, entorpecimiento de la circulación en la vía pública y daños suscitados en el marco de la protesta de trabajadores del ingenio San Martín del Tabacal el día martes pasado.

En tanto, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Vilar Rey, investiga los hechos denunciados públicamente como de abuso de autoridad de parte del personal policial interviniente.

Hasta el momento se radicaron en Pichanal 4 denuncias de parte de personal policial, dos de ellas por daños a los móviles policiales de Infantería y 2 denuncias por lesiones contra la integridad física y robo de un celular y una escopeta durante los incidentes.

En tanto, personal de la empresa de seguridad privada que presta servicios en el ingenio, radicó dos denuncias por el incendio de una garita, daño en cámaras de seguridad y entorpecimiento de la circulación en los caminos internos del ingenio.

El informe policial entregado a las fiscales hace constar que al momento de los hechos, existían 3 cortes de ruta, uno a la altura del puente de Río Colorado, otro en el ingreso a Orán sobre ruta 50 y otro en el interior del ingenio San Martín del Tabacal. Ante esto, se había habilitado un camino alternativo para la circulación que estaba custodiado por personal de Infantería.

En conocimiento de esto, un grupo de manifestantes se hizo presente en el desvío e intentó cortar este paso pero fueron disuadidos. Luego de un tiempo regresaron en varios vehículos alrededor de 100 personas y es ahí donde se registran los incidentes.

En el marco de las actuaciones, las fiscales Filtrin y Torres solicitaron la nomina de personas heridas, lesiones recibidas y la constatación del medico legal de todos los posibles damnificados, tanto policias como manifestantes. También se envió a personal de las fiscalías a recorrer hospitales, clínicas y centros asistenciales de la zona para verificar la presencia de heridos y se solicitó la constatación por médico legal del estado de salud del personal policial trasladado a Salta.

Está previsto además que se realice una compulsa de material registrado por cámaras de seguridad que pudiera haber en las instalaciones para identificar a los participantes de los incidentes.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos interviene de oficio ya que no se han registrado denuncias sino a través de los medios de comunicación y redes sociales. Se analizan las noticias criminis de vejaciones y severidades que habría cometido personal policial. Vilar Rey solicitó el secuestro de los registros de las dependencias policiales intervinientes para conocer la nómina del personal que intervino en los hechos y se tomaron algunos testimonios de posibles damnificados.