Como resultado de una visita realizada este martes por un equipo de trabajo de la Unidad Fiscal Salta al Complejo Penitenciario Federal NOA III, en el marco del artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Eduardo José Villalba advirtió sobre distintos problemas en esa unidad carcelaria.

“La principal y mayor preocupación tiene que ver con el nivel de respuesta en materia de alojamiento, lo que ya comenzó a hacerse sentir. Hasta hace unos meses atrás, gestionar cupos para los detenidos, en su mayoría por conflictos con la ley de drogas, no era un inconveniente, pero desde hace unos días, eso cambió y ahora se torna dificultoso”, sostuvo.

El fiscal declaró que “fue atinado haber realizado ahora esta visita, para lo cual se conformó un equipo de trabajo de las distintas áreas especializadas, tanto de la unidad de Salta como de Jujuy”.

Al respecto, resaltó que tanto la ley orgánica del MPF como la Resolución PGN N°35/2019  establecen “la visita periódica a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

En función de ello, la fiscalía visitó el Complejo Penitenciario Federal NOA III y el Instituto Penitenciario Federal de Salta (Unidad 16), a fin de constatar las condiciones generales de los establecimientos y de su población.

Durante la visita, el equipo de trabajo del MPF pudo advertir serios inconvenientes en el Complejo NOA III, inaugurado el 27 de julio de 2011 en la localidad de General Güemes. En su inicio, la unidad poseía una capacidad de 200 plazas para mujeres y 288 para varones.

Sin embargo, el Sector Masculino se vio superado, puesto que actualmente aloja un total de 412 internos, de los cuales 92 fueron trasladados en los últimos meses desde otras jurisdicciones, en su mayoría de los penales de la ciudad de Posadas, Misiones; de Tucumán; y de las unidades del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En menor proporción, hay otros reclusos derivados de Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Concepción del Uruguay, Resistencia y Formosa, entre las cárceles más cercanas, a lo que se suman otros provenientes de penales alejados, como Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y San Juan.

Pudo establecerse que el 22 % de las plazas están ocupadas con internos cuyo alojamiento no corresponde. En el caso de las mujeres, ese promedio es similar, de 23 %, al igual que el registro total del complejo penitenciario.

En el Sector Femenino se registran 89 internas, de las cuales 20 no son de la jurisdicción; en su mayoría, en este caso, del penal de Posadas. Sin embargo, la capacidad de alojamiento, de 200 plazas, aún no se vio superada.

En cuanto a la situación de los reclusos y reclusas que llegaron de otras jurisdicciones, del total de hombres y mujeres, 59 están con condenas, mientras que el resto (53) se hallan procesados. “Más allá de los problemas de alojamiento que esta superpoblación causa, existen otros más, como los referidos a la alimentación, asistencia de salud, actividades de trabajo y capacitación”, agregó el fiscal general.

“Tampoco hay que olvidar el desarraigo que el propio interno sufre por haber sido trasladado de su lugar de origen, a lo que se suma todo un engorroso trámite de permisos y otras gestiones que, ahora, el complejo debe realizar con juzgados y tribunales de las otras jurisdicciones que, cabe resaltar, se manejan con el código mixto, de por sí más burocrático y lerdo”, resaltó.

Deterioro

Por otra parte, el equipo de trabajo pudo observar durante la inspección un deterioro general en los pabellones, situación que también fue puesta de manifiesto por los propios internos. Los reclamos coincidieron principalmente en la falta de colchones, el mal estado de algunos de los baños y la falta de ventilación, debido a que los extractores de los pabellones no funcionan.

También se advirtió falta de energía eléctrica en algunas celdas, situación provocada por el mal funcionamiento del sistema, lo que en ocasiones es solucionado por los propios reclusos mediante conexiones “caseras” que carecen de toda medida de seguridad. Se registraron, además, quejas por la presencia de un gran número de palomas en el interior de los pabellones, dado que podrían generar problemas de salud.

Mediante entrevistas personales, la fiscalía recibió reclamos de reclusos y reclusas, quienes en su mayoría denunciaron deficiencias en la atención médica, con especial énfasis en la supuesta carencia de recursos y la demora en la asignación de turnos tanto dentro del Complejo como extramuros.

Los problemas en el sistema eléctrico, la falta de colchones, el mal estado de los baños y la falta de ventilación, entre otros aspectos, serán tratados en la “Mesa de Dialogo” conformada entre funcionarios del Ministerio Público Fiscal y autoridades del Servicio Penitenciario Federal (Complejo Penitenciario Federal NOA III, y unidades 16, 22 y 8), que se encuentra funcionando desde el año 2019, cuando entró en vigencia en la jurisdicción el nuevo Código Procesal Penal Federal.

Por otra parte, la fiscalía constató que en los penales se realizan diversos talleres de capacitación, al igual que la existencia de un convenio entre el establecimiento penitenciario y la Universidad Nacional de Salta, mediante el cual se permite cursar en modalidad virtual carreras de grado y cursos breves; y la vigencia de ofertas de cursos de capacitación con salida laboral, como por ejemplo peluquería, maestro pizzero, panadería, marroquinería, entre otros, y recreacionales, como folclore. En este punto se destacó la buena condición de los talleres de herrería, carpintería, fabricación de bloques de cemento, textil y de la panadería.