En dependencias del Senado se llevó adelante este viernes un nuevo encuentro ordinario de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, juntamente con el Consejo Consultivo.

En la ocasión se analizaron los últimos pasos dados en torno de la problemática de la sobrepoblación carcelaria, en particular de las condiciones de alojamiento en comisarías policiales; los avances para la creación de un registro de muertes bajo custodia y acciones de capacitación en materia de ejecución de sentencias.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Rodrigo Solá; junto a Ramón Rosa Corregidor; Andrés Giordamachi; Cristina Cobos y María José Castillo. Por el Consejo Consultivo lo hicieron la legisladora, Sonia Magno, por el Senado; Luis Mendaña, por la Cámara de Diputados; la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; por el MPF, Ramiro Tejerina; por el Colegio de Abogados, Ángel Dávila y en representación de organismos de defensa de los derechos humanos, Elia Fernández y Fernando Pequeño.

En primer lugar, se dio a conocer el resultado de un trabajo de monitoreo integral de condiciones de detención en comisarías provinciales. Allí están alojadas 850 personas en condiciones de hacinamiento más graves que las que se viven en establecimientos penitenciarios.

Ante la persistencia de esta situación se avanzó en la presentación de un Hábeas Corpus ante la Corte de Justicia, con el fin de frenar nuevos ingresos, solicitar el traslado a complejos penitenciarios y, fundamentalmente, lograr la convocatoria a una mesa interinstitucional de trabajo que pueda avanzar en la provisión de las soluciones requeridas mediante el diseño de una política pública. Además, consideraron que la mesa sería ámbito de análisis del proyecto de Ley de modificación del régimen orgánico del Servicio Penitenciario.

Agregaron que el problema de detenidos en comisarías se agudiza en lugares como Orán, San Martín, Metán y Rosario de la Frontera, donde procesados conviven con penados; con calabozos abarrotados, que cuentan con un solo baño, casi sin posibilidad de visitas y hasta de salidas al patio y donde dos policías deben ocuparse de hasta 40 alojados.

A ello se suma que, en algunos casos, la infraestructura es tan precaria que no ofrece posibilidades de refacción, por lo que se recomienda su clausura, como ocurre con dos comisarías de Tartagal.

Como alternativas plantearon la posibilidad de traslado a granjas penales, donde las condiciones de detención son mucho mejores y la posibilidad de agilizar el avance con libertades a quienes ya les pudiera estar correspondiendo.

En segundo término, se plantearon los avances para la constitución del registro de muertes bajo custodia, herramienta destinada a investigar en profundidad las causas de muertes de privados de la libertad, que en el caso de Salta afectó el año pasado a 7 personas y que podría crearse en la órbita del Poder Judicial, el MPF y del Propio Comité.

Finalmente se repasaron las gestiones para la formación de abogados en materia de ejecución de sentencias, resolviendo convocar al próximo encuentro para el mes de octubre en dependencias del Centro Cívico del Grand Bourg.