En concordancia con la Ley Nacional 27.696, que tiene por objeto el Abordaje Integral de Personas Víctimas de Violencia de Género; las comisiones de Salud Pública y Seguridad Social y de la Mujer, Género y Diversidad del Senado trabajan en la elaboración de un Proyecto de Ley para que el Programa Médico Obligatorio del IPS instrumente la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas que puedan requerir las víctimas de violencia familiar y de género en el territorio provincial.

Para ese fin, este miércoles abrieron una ronda de consultas con distintos organismos a los efectos de recibir puntos de vista y sugerencias, habida cuenta de la complejidad que plantea la legislación en la materia, con el fin de generar un proyecto que resulte ágil y eficiente para la cobertura de las víctimas, sin caer en su estigmatización.

El encuentro fue encabezado por los senadores Manuel Pailler y Sonia Magno y contó con la participación de sus pares, Dani Nolasco, Alejandra Navarro, Leonor Minetti y Luis Altamirano.

Asistieron en esta oportunidad la Dra. Matilde Alonso, Directora del Servicio de Asistencia a la Víctima y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal; por el IPS el asesor letrado, Teodoro Becker y el gerente de prestaciones, Facundo Copa; por la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad, su titular, Itatí Carrique, junto a Inés Bocanera y Rosaura Gareca; por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Natalia Fuentes y por la ONG Fundación Type, Ricardo Rojas.

Al inicio del encuentro los senadores Pailler y Magno indicaron que la iniciativa tiene como base dos proyectos que versan sobre la temática, uno del Senado y otro que obtuvo media sanción en Diputados, y que fueron enviados oportunamente al archivo con la idea de construir una normativa integral que obtenga el consenso de las instituciones que trabajan en la materia.

Se parte de la iniciativa que plantea incorporar al Programa Médico Obligatorio del IPS, la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas derivadas de la asistencia a víctimas de violencia familiar y de género.

Puntos de vista

Por el IPS Becker sostuvo que una norma de este tipo contribuye a la visibilización de la problemática, aunque aclaró que todas las prácticas que pueda requerir una víctima están hoy ya cubiertas en el nomenclador de la obra social.

Agregó que la creación de un plan especial, como los que ya posee el IPS en materia de oncología, cardiología, diabetología o trasplantes, pero referido a víctimas de violencia, con un nomenclador específico, podría dar lugar a una revictimización de esa persona, dado que hoy las autorizaciones de prácticas se hacen online con lo cual se contribuye a evitar su estigmatización.

No obstante, dijo que la obra social posee una dinámica en su gestión, con pasos que siempre pueden ser perfectibles y resaltó los conocimientos y puntos de vista aportados por otras instituciones para mejorar los circuitos administrativos.

Respecto al porcentaje de la cobertura que debe brindar el IPS, cuando en los planes especiales es del 80% y para víctimas de violencia se solicita el 100%, Copa aclaró que la obra social posee mecanismos para gestionar la absorción de ese porcentaje de copago. Sin embargo, ante un planteo sobre si ese circuito puede desalentar a las víctimas a llevar adelante el tratamiento indicado, dijo que se entiende la problemática puntual, agregando Becker que también es necesario evitar que se produzcan falsedades de origen de personas que busquen acceder a ese tipo de coberturas.

A su turno, la Dra. Alonso sostuvo que en casos de violencia intrafamiliar o de género no solo se requieren prestaciones médicas, sino de salud integral, incluyendo psicólogos, psiquiatras, estando el Estado obligado a reparar esa situación mediante una cobertura integral, con un mayor grado de especialización y calidad en el servicio.

Dijo que generalmente las víctimas tienen dos particularidades que las hacen más vulnerables, la dependencia económica y emocional del agresor, reiterando que se debe evitar su estigmatización en los circuitos administrativos de los servicios de salud.

Desde la Secretaría de la Mujer, Carrique consideró necesario que se avance en la legislación sobre violencia de género e hizo hincapié en la complejidad de la salud de la mujer víctima y de sus hijos, partiendo de su vulnerabilidad económica.

Bocanera anunció que se viene trabajando en un mapeo de todas las instituciones que intervienen en la etapa de denuncia de violencia, indicando que disminuyen a medida que los procesos avanzan y Gareca dijo que el tema de la violencia de género es un problema socio sanitario, que llevó a la provincia a declarar la emergencia hace 10 años para permitir su abordaje múltiple.

Respecto del proyecto opinó que no diferenciar estos casos con otras patologías que cubre el IPS sería una inequidad, ya que las víctimas deben tener una atención preferencial, que les allane los caminos administrativos para poder llevar adelante sus tratamientos.

Desde el Observatorio, Fuentes recordó que el relevamiento de 2022 reportó 22 mil llamadas por casos de violencia, 19 mil de las cuales recibieron asistencia del SAMEC, lo que revela la necesidad de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas, no solo en prestaciones médicas sino también el tratamiento de trastornos crónicos y psicológicos, dado que el 62% de las denuncias son por violencia psicológica.

Puso como ejemplo que hoy una cirugía estética no tiene cobertura y muchas veces se hace necesaria porque una víctima puede quedar con el rostro desfigurado o con faltante de piezas dentales, que son consecuencias físicas a las que se deben sumar las psicológicas.

Rojas consideró que la Ley debe contemplar que no sea necesaria una denuncia previa para ingresar en el sistema de prestaciones de salud a víctimas de violencia y puso énfasis en la necesidad de creación de nomenclatura específica para la atención de estos casos, tema que recibió distintos puntos de vista referidos a no revictimizar o estigmatizar a las personas que sufren este tipo de situaciones.

Finalmente, el senador Pailler agradeció todos los aportes recibidos para enriquecer el proyecto y anunció que seguirán las consultas con otros actores sociales con el fin de generar una legislación eficiente que brinde soluciones a las víctimas.