Se consigna en la normativa que las mismas fueron autorizadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos y afectan gravemente la economía de las familias salteñas.

Además, se solicita a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta iniciar o acompañar las acciones ya emprendidas por otros organismo o asociaciones para impugnar los aumentos en las tarifas de electricidad, a favor de los vecinos.

En los Considerandos de la iniciativa se señala que el Ente Regulador de Servicios Públicos decidió autorizar la suba de la tarifa media de venta de energía eléctrica desde mayo, con un incremento del 20,35%. Dicho aumento está orientado a los usuarios de las categorías TR1 TR2, Plan Estimulo y Tarifa Social, los que representan el 88,56 % de los clientes de toda la provincia.

Se detalla también que más de 311.000 usuarios salteños se verán afectados en sus ingresos por esta medida, que se suma al incremento del 93% dispuesto desde diciembre del 2015. Se plantea además que los montos son superiores al porcentual establecido como aumento salarial para los trabajadores del sector público en la provincia, el que fue fijado en un 16 % y en dos tramos.

Por último, se reseña que en la Provincia de Buenos Aires la justicia en los Contencioso Administrativo de la Plata resolvió suspender los aumentos de la tarifa de luz de los usuarios de dicha provincia, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo.