El proyecto establece sancionar con hasta 30 días de arresto o una multa económica a quién, dentro de un establecimiento de gestión pública o privada o en sus inmediaciones, hostigue, maltrate o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador del ámbito de la educación o de la salud. 

El Presidente de la Cámara, manifestó que este tipo de hechos ocurren a menudo en la provincia y el país, lo cual es preocupante, es por ello que esta contravención servirá para los docentes  y demás trabajadores de la educación.

“La aprobación del proyecto no significa que vayan a cesar los actos de violencia, pero si nos ayudará a recapacitar como sociedad”, dijo Godoy.

Para finalizar, el legislador explicó que es obligación de los miembros de la Cámara tomar las medidas que fueran necesarias para proteger a los trabajadores, evitar los hechos de violencia, proporcionar óptimas condiciones para el desarrollo de sus actividades y respetar sus convenios colectivos.

Por su parte, María López se mostró preocupada por la violencia plasmada en varios establecimientos educativos de la provincia y declaró que es urgente garantizar la integridad de estudiantes, padres y educadores.

Betty Gil, se manifestó a favor del proyecto y explicó que la principal época en que estos hechos de violencia se manifiestan  es durante el período de exámenes, por alumnos que reprueban o por los padres de estos.

El Bloque del Partido Obrero expresó su disconformidad con el proyecto, expresando que los problemas de la educación nacen en la cúspide del poder Ejecutivo Nacional.

La diputada del PO y docente, Norma Colpari declaró: “El Estado Nacional realiza una campaña sistemática de agresión y desprestigio a la labor docente en los diferentes medios de comunicación”.

Coincidiendo con Colpari, Claudio del Plá explicó que desde el Estado Nacional “se da el mensaje de que el deterioro de la educación pública es producto del mal desempeño de los docentes en su labor, cuando es el mismo Estado quién no proporciona a los docentes las herramientas necesarias para garantizar una óptima educación pública”.

El legislador manifestó que las principales causas de la violencia en la escuelas es producto de la campaña de degradación de la labor docente del Estado y la grave crisis social que vive el país que impide a los estudiantes desarrollarse, produciendo su frustración y la de sus padres, que ven como únicos responsables los docentes.

Para finalizar, Del Plá dijo: “Los problemas no se resuelven ampliando las penas, ya quedó demostrado que este método no da resultados”.

El proyecto se aprobó con el voto positivo de la mayoría de los diputados, a excepción del bloque del Partido Obrero, y pasó al Senado en revisión.