Reunidos en plenario, senadores recibieron este miércoles a ministros del Poder Ejecutivo a los efectos de analizar la situación económica provincial a partir de los recortes de fondos que viene sufriendo Salta por parte del gobierno nacional.
El encuentro con los ministros de Infraestructura y coordinador, Sergio Camacho y de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, fue encabezado por el presidente del Interbloque, Jorge Soto y tuvo la participación de los senadores, Walter Cruz; Enrique Cornejo; Manuel Pailler; Carlos López, Alejandra Navarro; Walter Wayar; Miguel Calabró; Dani Nolasco; Leopoldo Salva, Walter Abán; Gonzalo Caro Dávalos; Juan Cruz Curá; Esteban D’Andrea; Diego Cari; Sonia Magno y Sergio Saldaño.
En su exposición, Camacho puntualizó que Salta es la segunda provincia más perjudicada por los recortes y aclaró que más que hablar de números hay que pensar en la gente, razón por la cual se trabajó en un plan de contingencia para garantizar alimentación y medicamentos, poniendo como ejemplo la decisión del gobernador Sáenz de crear por decreto un fondo solidario para aquellos jubilados que cobran el mínimo y hoy no pueden acceder a todo lo necesario para su subsistencia.
Dib Ashur puntualizó que, a diferencia de Nación, Salta viene de 4 años de equilibrio fiscal, habiendo cerrado el año 2023 con salarios por arriba de la inflación del 211%.
Sin embargo, sostuvo que este año existe incertidumbre por el recorte de fondos que ya significó 17.900 millones de pesos menos, de los cuales 5.100 millones corresponden al impuesto a las ganancias; la baja en la actividad económica con consiguiente caída del consumo en un 28% que impacta en la recaudación de impuesto coparticipables como IVA, ganancias y bienes personales; la falta de actualización de valores del Consenso Fiscal 2017 y el recorte de las denominadas Transferencias no automáticas, que no son fondos discrecionales como sostiene Nación y que engloban fondos como el Incentivo Docente, fondos para comedores escolares, programas de obras, subsidio al transporte y otros fondos que suman 7.900 millones de pesos.
Pese a todo dijo que se llevan pagados 160 millones de dólares de la deuda provincial, que este año tendrá vencimientos en los meses de mayo y diciembre.
En materia de infraestructura, el ministro Camacho dijo que en 4 años se ejecutaron 2.100 obras en toda la provincia fruto de pasar del 3,5% al 20% de los fondos del presupuesto. Sin embargo dijo que hoy existe incertidumbre respecto a la prosecución de obras nacionales de vivienda, centros de desarrollo infantil y rutas como el puente sobre el río Vaqueros o la circunvalación.
Aclaró que existen obras con financiamiento internacional que siguen su curso, como el centro de convenciones de Cafayate y las plantas depuradoras de Capital y Cafayate; además de otras que eran financiadas por Nación y deberán ser concluidas por la provincia como las 917 viviendas en el interior y 1.100 que se construyen en la Capital, muchas de las cuales tienen un avance del 90% o los 17 CDI.
También dijo que se buscarán inversores para ejecutar bajo el modelo chileno el nodo logístico de Güemes, para el que faltan 2 mil millones de pesos, iniciativa privada para terminar los 3 tramos que restan de la ruta nacional 51 y se buscará re-determinar los tiempos de obra de la ciudad judicial Orán, cuyo avance es del 22%.
Camacho ratificó además que este jueves habrá paritarias con los gremios provinciales, por lo que se postergó una semana el inicio de clases y se acompañará en el reclamo judicial de los sindicatos docentes por el recorte del Incentivo.
A su turno los legisladores consultaron sobre la manera en que se avanzará con las obras en distintas regiones de la provincia y comprometieron aportar a los proyectos de emergencia en el transporte y en los servicios públicos, que presentará el ejecutivo en el periodo ordinario de sesiones.
Asimismo pidieron que se garantice el acceso de la población más vulnerable a alimentos y medicamentos y plantearon la necesidad de analizar alternativas para la generación de recursos.