Representantes de un centenar de familias de barrio ampliación Santa Ana II, ubicado en el zona sur de la ciudad de Salta, fueron recibidos este miércoles por la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Javier Mónico, junto a los senadores, Dani Nolasco; Jorge Soto; Walter Wayar; Miguel Calabró; Esteban D’Andrea y Enrique Cornejo. Por los vecinos asistieron, Carina Chávez; karina Miranda; Edith Sierralta; Claudia Toledo y Jessica Figueroa.

En la reunión los vecinos plantearon la problemática por la que vienen atravesando y que motivó que durante este año se aprobara en la Cámara alta un Proyecto de Ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación, con destino a la adjudicación en venta a sus actuales ocupantes, a un total de 112 inmuebles; proyecto que fuera modificado por la Cámara de Diputados, que desagregó una matrícula, motivando su vuelta al Senado, nuevamente en revisión.

Al respecto las referentes indicaron que los vecinos más antiguos llegaron al barrio hace 40 años tras haber adquirido los inmuebles a un particular. Aclararon que dichos inmuebles figuraban a nombre de la firma Conciel S.A. y que tras su quiebra fueron adquiridos en 2018 en un remate judicial por Miguel Alberto Rueda.

Advirtieron que esa operación truncó el proceso legal de posesión veinteañal, que habían adoptado como alternativa para lograr la escrituración de los inmuebles adquiridos de buena fe, a lo que se sumaron distintos hechos que describieron como “maniobras fraudulentas” por parte del nuevo dueño, que los llevaron a acudir a la Justicia, al Ejecutivo y a la Legislatura, con el fin de evitar desalojos.

“Queremos regularizar nuestro dominio y pagarlo al Estado Provincial, que es el único que nos puede garantizar transparencia y eso solo es posible con la aprobación del proyecto de Ley que declara a los inmuebles de utilidad pública y sujeto a expropiación”, acotaron.

Al respecto, el Proyecto especifica que concluida la expropiación, los inmuebles deben adjudicarse en venta directamente a quienes acrediten fehacientemente su ocupación durante un período no menor a un año. Se da intervención al Instituto Provincial de la Vivienda a los efectos de verificar los adjudicatarios y se lo faculta a realizar el censo de las compras parciales o totales que hubieren realizado los ocupantes a fin de deducirlos del monto indemnizatorio al expropiado y del valor de venta a los adjudicatarios.

En el final los legisladores agradecieron los aportes y se comprometieron a analizar todos los aspectos que presenta la iniciativa a partir de la modificatoria introducida por Diputados.