Nuevas adhesiones sumó en las últimas horas el proyecto de Ley que tiene por objeto la prevención, visibilización, sensibilización y educación sobre crímenes de odio consistentes en las agresiones sexuales a personas pertenecientes a los Pueblos Originarios en todo el territorio Provincial.

La iniciativa lleva la firma de los legisladores, Walter Cruz, Dani Nolasco, Esteban D’Andrea y Sonia Magno; actualmente es analizada en la comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado y este miércoles recibió el respaldo por parte de la Secretaria de la Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradis y del Procurador General, Pedro García Castiella.

Al respecto, el senador Cruz sostuvo que hubo una amplia adhesión de los funcionarios consultados, aclarando que se recibieron propuestas para perfeccionar el texto.

Detalles del proyecto

El proyecto plantea la creación de una comisión especial compuesta por un referente de cada una de las etnias o pueblos reconocidos en la provincia, representantes de las universidades nacional y Católica de Salta, del Poder Ejecutivo, de ambas cámaras del Poder Legislativo, del Poder Judicial y Ministerio Público, del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), todos con mandato por dos años.

A tal fin la comisión se nutrirá de las estadísticas provistas por el Poder Judicial y MPS sobre cantidad de casos contra la integridad sexual registrados en los últimos diez años, estado de los mismos; lugares o zonas de los hechos; edad y género de las víctimas y zona de residencia.

También se indagará edad y localidad donde residen los signados como agresores; situación procesal; si los señalados son funcionarios, empleados o contratados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal; cantidad de sentencias condenatorias; penas recibidas; cantidad de sentencias absolutorias y medidas de protección y asistencia a las víctimas y su situación actual en el marco de los procesos.

Se recabará detalles de participación en los procesos judiciales de los Pueblos Originarios a los que pertenecen las víctimas y medidas de reconocimiento en los procesos penales; participación de auxiliares bilingües en las instancias de denuncia, acompañamiento y durante el proceso judicial; medidas que se hubieren ordenado a los efectos de garantizar la seguridad de las víctimas y su comunidad, grado de cumplimiento y medidas de reparación y contención para con las víctimas y su grado de cumplimiento.

El proyecto también plantea que el Ministerio de Educación confeccione un proyecto de sensibilización y lucha en contra de esos delitos, que deberá ser ejecutado en todos los niveles educativos, en forma obligatoria, incluyendo una perspectiva intercultural y de diversidad.

También establece acciones de sensibilización hacia su personal por parte del Poder Judicial, el MPF y el área de seguridad y la recepción de aportes de los pueblos originarios.

Finalmente se prevé la elevación por parte de la comisión de un informe anual con el detalle de las estadísticas, acciones realizadas, resultados de las mismas y las propuestas o proyectos de trabajo a futuro.