Para analizar un Proyecto de Ley que dispone que los aspirantes a desempeñar cargos docentes o no docentes en todos los niveles deban carecer de antecedentes penales desfavorables por delitos contra la integridad sexual, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado recibió este miércoles a funcionarios del Ministerio de Educación de la Provincia.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Dani Nolasco y contó con la participación de los senadores, Leonor Minetti (autora del proyecto); Alejandra Navarro; Diego Cari y Miguel Calabró. Por el Ejecutivo asistieron el secretario Institucional y Administrativo del Ministerio de Educación, Eduardo Costello; el Coordinador de asuntos jurídicos, Federico Andrés y la Jefa de despacho, Luisa Fernández.

El proyecto, que será enriquecido con distintos aportes, establece que los aspirantes a desempeñar cargos docentes y no docentes de todos los niveles, no deberán tener antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual, lo que será acreditado mediante certificado de antecedentes provincial y nacional, que se agregará al legajo del docente.

Al respecto, desde el Ministerio de Educación se advirtió la necesidad de avanzar en una norma que pueda englobar los casos que involucran al personal que ya se encuentra prestando servicios en el sistema, que al día de hoy se resuelven por vía administrativa a través de un protocolo de actuación dictado en 2018, al margen de aquellos que transcurren por vía judicial.

Costello ponderó la decisión de avanzar con un proyecto de estas características al considerar que sería una enorme herramienta para aplicar en situaciones tremendamente sensibles que cruzan a todos.

Agregó que no sé pueden tolerar abusos y hoy la normativa es muy garantista y no permite desvincular a un acusado hasta tanto la justicia falle en contra. Ante esta situación se apela al traslado del acusado, lo cual termina siendo un beneficio para él y una afrenta para los padres, por lo que se busca ser más eficientes en estos casos a partir de la norma que surja del análisis y permita dar respuesta sin vulnerar el principio de inocencia y en plazos más breves que los tiempos que maneja la justicia.

Fernández acotó que ante denuncias de abusos se instruye sumario y se da intervención a fiscalía penal si no hubo denuncia previa. Agregó que hoy la reglamentación permite aplicar suspensión de haberes por tratarse de un delito penal; mientras que Andrés sugirió trabajar en una articulación con el Poder Judicial para acceder a los registros de postulantes.

Por su parte el senador Nolasco reiteró que la iniciativa debe servir como disparador sobre una situación que viene creciendo en la provincia; Navarro recalcó la necesidad de avanzar en una legislación integral. Minetti adelantó la decisión de convocar a otros sectores interesados y Calabró pidió que la legislación que surja sea contundente y refleje la protección de los derechos niños, niñas y adolescentes, que están garantizados por normas internacionales a las cuales adhiere la Argentina.

Docentes sumariados

Costello informó además en el Senado pormenores respecto a la situación de los docentes que acampan en plaza 9 de julio.

Dijo que son 127 a los que se les abrió sumario, estando actualmente a la espera del dictamen de la secretaría de personal para proceder si así corresponde a su cesantía.

Sostuvo que los gremios son los únicos que tienen la prerrogativa para llevar adelante medidas de fuerza, que en este caso ya pasan de los seis meses sin prestar tareas cuando el estatuto indica que luego de diez días de inasistencia injustificada se puede iniciar sumario de cesantía.