La reunión, llevada a cabo vía online contó con la participación de los senadores, Javier Mónico y Walter Wayar; del Defensor adjunto de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Facundo Hernández, la directora de Litigios Estratégicos, Clarisa Adem, la abogada, Jimena Núñez, de la Dirección de Litigios; el Prosecretario de Cámara, Pedro Liverato y los asesores de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional.

En esta ocasión el trabajo se centró dos aspectos, el análisis de las recomendaciones formuladas por el organismo nacional respecto de la modificación de los artículos 4º, 5º, 8º y 19º, más la incorporación del artículo 19 Bis, de la Ley Nº 8097, aprobada oportunamente por la Cámara de Diputados y que, entre otras cosas, proponen transformar los tres juzgados creados por Ley N°8023 en juzgados penales juveniles y de garantías; dotar de competencia en materia de responsabilidad penal para NNyA a los cargos de Defensores Oficiales y crear cuatro cargos de Fiscal Penal Juvenil en los distintos distritos judiciales de la provincia.

También se repasó el estado de la presentación judicial efectuada por el organismo para lograr la liberación de siete menores de 16 años que se encuentran privados de su libertad en Orán y San Martín.

Propuestas y presentación

La Ley provincial Nº 8097 establece un Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes y su entrada en vigor se encuentra prorrogada por el término de un año desde el 5 de setiembre de 2022. En ese marco se viene trabajando en las reformas legislativas necesarias y en un plan progresivo de implementación, contemplando los órganos que intervienen en el proceso penal y los dispositivos y herramientas que se requieren para la atención de las necesidades de NNyA en conflicto con la Ley Penal.

Al respecto, Hernández dijo que la idea es un cambio de paradigma, generando estándares homogéneos en todo el país, que cumplan con los tratados internacionales en la materia, lo que implica bregar por un sistema penal juvenil para niños que tenga más derechos que el de adultos.

Como punto central sostuvo la necesidad que no haya menores de 16 años privados de la libertad, tema que llevó al organismo a iniciar una acción judicial colectiva consistente en un hábeas corpus, para lograr la libertad de 7 menores en el caso de Salta. Para estos casos se considera que no debe intervenir la justicia penal, sino una autoridad administrativa de protección de derechos, no cabiendo la posibilidad de privación de libertad.

Al respecto dijo que la presentación se encuentra en etapa de acuerdo conciliatorio, existiendo consenso unánime en que los niños en edad no punible no deben ser privados de la libertad, pese a que la ley actual dice lo contrario. Se pidió que se declare la inconstitucionalidad de esa legislación, pero que ese pedido quedaría en abstracto si antes se aprueba la modificación de la Ley.

También pidió desestimar la realización del análisis psiquiátrico obligatorio del menor judicializado que propone el proyecto.

Los senadores Mónico y Wayar coincidieron en la necesidad de generar un marco normativo que acerque a la provincia a los estándares nacionales e internacionales, adelantando que el análisis avanzará con reuniones con el Procurador y miembros de la justicia, con el fin de aunar criterios, quedando en claro la urgencia que existe en el tratamiento del Proyecto de Ley.